El recién designado senador del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Iván Silva, quien anteriormente militaba en el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), hizo una grave denuncia este miércoles, señalando un supuesto latrocinio por parte de la Superintendencia de Electricidad en la construcción de una terminal y dos plantas de gas natural en Manzanillo, provincia de Montecristi, cuya inversión inicial asciende a 1,700 millones de dólares.
El congresista expresó su preocupación al afirmar que la Superintendencia de Electricidad aprobó recientemente una adenda de 20 millones de dólares anuales adicionales al contrato original. Según Silva, considera esta modificación como un acto de latrocinio contra el Estado dominicano.
El pasado 30 de mayo de 2022, los consorcios Haina Investmet Corporation y Manzanillo Energy ganaron la licitación para la construcción de una terminal y dos plantas de gas natural en Manzanillo, provincia de Montecristi, las cuales se espera que aporten 800 megavatios.
Durante una sesión en el Senado, el legislador, quien representa a la provincia La Romana, realizó una pausa para conversar con los medios de comunicación y expresó su preocupación por la situación.
Según sus declaraciones, la Superintendencia de Electricidad habría admitido recientemente una licitación convocada por el director ejecutivo del Concejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, quien ocupaba este cargo antes de designarlo como Superintendente de Electricidad.
"La Superintendencia de Electricidad acaba de admitir la licitación convocada por Andrés Astacio, quien ocupaba el cargo tres meses antes de ser designado Superintendente de Electricidad, lo cual lo inhabilita moral y éticamente para realizar modificaciones en el pliego de licitación que él mismo supuestamente manipuló para favorecer a un solo oferente. Estas acciones generaron conflictos y retrasos en la firma de los contratos de compra de energía", declaró Silva.
En calidad de vocero del PRD en el Senado y como único representante de esta organización política en dicha cámara legislativa, Silva expresó el repudio de su partido ante esta presunta decisión del gobierno. Según el senador, lo apropiado sería ejecutar la fianza de la oferta o, en su defecto, descalificar al comercio que no respalda la oferta presentada o anular la licitación.