Juez estadounidense autoriza la devolución de esmeralda gigante a Brasil

La decisión del juez Reggie B. Walton permite que la solicitud conjunta de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil avance, rechazando las reclamaciones de un consorcio de comerciantes de gemas estadounidenses que argumentaban ser los legítimos propietarios de la piedra, incluyendo a Kit Morrison, empresario de Idaho.

Un juez de distrito de Estados Unidos autorizó la devolución a Brasil de una esmeralda gigante, conocida como la esmeralda de Bahía, que fue extraída ilegalmente hace casi 25 años. 

La decisión del juez Reggie B. Walton permite que la solicitud conjunta de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil avance, rechazando las reclamaciones de un consorcio de comerciantes de gemas estadounidenses que argumentaban ser los legítimos propietarios de la piedra, incluyendo a Kit Morrison, empresario de Idaho.

La esmeralda, que pesa 360 kilos y tiene un valor estimado de mil millones de dólares, fue extraída ilegalmente en Brasil y luego contrabandeada a Estados Unidos. 

Según el fiscal federal brasileño Boni de Moraes Soares, el proceso está "más cerca que nunca de devolver la esmeralda de Bahía al pueblo brasileño". 

La piedra ha sido objeto de prolongadas disputas legales durante años y ha permanecido bajo custodia en la oficina del sheriff de Los Ángeles.

Brasil afirma que la esmeralda fue sacada ilegalmente del país por dos buscadores de gemas brasileños, que fueron detenidos por obtener ilegalmente la esmeralda en 2001 y luego falsificar documentos aduaneros para llevarla a Estados Unidos.

Morrison pagó 1,3 millones de dólares por una participación en la venta y, tras una larga disputa por la propiedad, un tribunal estatal de California declaró en 2015 que él y su consorcio eran los compradores de buena fe de la roca, informó el mencionado periódico.

Todo ello hasta que Brasil pidió al Gobierno de Estados Unidos que interviniera en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua, un acuerdo diplomático que obliga a los signatarios a ayudar en la transferencia de pruebas en asuntos penales.