La jueza Lidia Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aceptó este lunes el retiro de doce querellas contra Ángel Lockward, implicado en el caso de corrupción Calamar.
Los abogados de las partes querellantes, como Patricio Amador, Alexander Navarro y José Elías Cuevas, entre otros, argumentaron que Lockward actuó en defensa de los intereses de sus clientes y que no encontraron irregularidades en los procesos que involucraban al acusado.
Lockward, señalado por el Ministerio Público como parte del caso Calamar, enfrenta acusaciones de financiar la campaña del PLD en 2019 y 2020. Además, se le imputa haber colocado bienes en el mercado financiero, lo que comprometió su responsabilidad penal y la de su firma de abogados, Ángel Lockward & Asociados.
El abogado Julio César, representante de los querellantes Manuel Reyes y Eligio Reyes, defendió la figura de Lockward, destacando que este logró que personas empobrecidas recuperaran propiedades en el Aeropuerto Internacional de las Américas (Aila) que habían sido despojadas de ellas por más de 75 años.
Los doctores Patricio y Martin Mañón pidieron al presidente Luis Abinader que pague a Eladia Reyes y a Herminio Mercedes su propiedad en el AILA, a quienes una sentencia definitiva del 2020 ordenó al Ministerio de Hacienda pagarles en 2021, y esto no se ha ejecutado.
El Ministerio de Hacienda ha colocado el pago a estos señores para el año 2026 "cuando estén muertos porque son nonagenarios enfermos y muy pobres", refirió el togado Amador.
Asimismo, el jurista Alexander Navarro al ponderar el trabajo de Lockward como abogado declaró que han sometido a Mérido Torres, exdirector de Titulación, a quien imputa una alegada representación defectuosa, pues apenas logró valorar a 3,000 pesos el metro de tierra en el AILA en donde Lockward obtuvo en cinco sentencias un valor de 7,625 pesos el metro.
José Cuevas Jiménez, representante legal de varios querellantes, pidió al Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como había prometido- que levante las oposiciones a sus clientes para que los terrenos puedan pasar al Estado.
La jueza también acogió dos desistimientos del jurista José Bidó a favor de José Ramón Peralta.
El proceso fue aplazado para el 13 de enero de 2025.