La jueza Miolany Herasme, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal, se reservó el fallo sobre la solicitud de medida de coerción contra los tres imputados por la explosión ocurrida en esa ciudad el pasado 14 de agosto, que hasta ahora ha dejado un saldo de 37 muertos y 59 heridos. El veredicto se emitirá el próximo martes 5 de septiembre a las 3:00 de la tarde.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva para Edward Armando Vidal Garrido, propietario de la empresa Vidal Plast, y requiere garantías económicas, impedimento de salida del país y presentación periódica para su esposa y una de sus hijas.
Durante la audiencia de coerción, que se llevó a cabo a puerta cerrada, se presentaron 37 denunciantes, lo mismo que el número de víctimas afectadas por la explosión.
La Fiscalía de San Cristóbal, representada por la directora técnica Laura Segura y el fiscal José Guerrero, ha propuesto que se declare el caso como complejo y que se tipifique como homicidio involuntario. Los abogados han señalado que la pena por esta imputación podría oscilar entre dos y tres años de prisión.
Además, el órgano acusador ha argumentado que los dueños de Vidal Plast SRL violaron las leyes de Salud y Medio Ambiente.
En respuesta a estos acontecimientos, numerosos manifestantes se congregaron durante todo el día de hoy en apoyo a los tres acusados, especialmente a Edward Vidal. Sosteniendo pancartas en sus manos, expresaron su convicción en la inocencia de los imputados y cuestionaron la manera en que se ha manejado el caso.
Cristian Vidal, vicepresidente de la Asociación Nacional de Recicladores y hermano de Edward Vidal, declaró: "Nosotros estamos sorprendidos por la manera en que se ha manejado la justicia, acusando a Edward Vidal de un caso que no pasó. Estamos conscientes de que el plástico no estalla, sea cual sea la condición". Afirmó que las autoridades están "falseando las pruebas" y destacó que el local donde se encontraba la recicladora ya había sido entregado al Ayuntamiento de San Cristóbal y carecía de maquinaria.
El Ministerio Público también ha solicitado garantías económicas, impedimento de salida y presentación periódica para la esposa de Edward Vidal, Maribel Sandoval, y la hija de ambos, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, fijando una cifra de un millón de pesos como garantía.
El abogado de los imputados, Norberto Rondón, plantea diversas objeciones, incluida la violación del debido proceso por parte del Ministerio Público y la posibilidad de que los informes periciales entregados por el Cuerpo de Bomberos se hayan contaminado al pasar por manos de terceros, lo que podría afectar su validez en el caso.