El abogado Manuel Sierra consideró este martes en El Sol de la Mañana como desafortunado el comunicado de la Sociedad Dominicana de Diarios, al considerarlo contrario a la Constitución en su artículo 44 y 49.
Advirtió que, en búsqueda en esa libertad sin limite de expresión, van a chocar con distintas y variadas legislaciones que garantizan la imagen, la privacidad, el buen nombre, el honor y la propia imagen de la persona que se encuentra sometida a un proceso de naturaleza penal”.
El jurista señaló que los directivos de la Sociedad de Diarios, a su juicio, o bien no cuentan con buenos asesores o están actuando de manera deliberadamente ignorante respecto a la legislación vigente. "Ellos olvidan que la Constitución establece que todo debe hacerse conforme a la ley", puntualizó.
El abogado mencionó la Ley 24-97, que protege los derechos del ciudadano, y la Ley 172, que resguarda los datos privados, destacando que, a pesar de estas normativas, "aquí se publican de manera olímpica los cadáveres, la sangre, y la Sociedad Dominicana de Diarios no se pronuncia al respecto".
El abogado planteó que el Ministerio Público actúa de manera inapropiada al difundir los nombres de los ciudadanos, lo que, según él, genera un manejo incorrecto de los datos por parte de los medios de comunicación. Destacó que, aunque la fase preliminar y la fase intermedia de un proceso judicial deberían ser confidenciales, la divulgación pública de la información podría perjudicar a personas cuyos casos aún están siendo procesados y podrían ser exoneradas.
Alega que "El in dubio pro reo y el principio de inocencia que al final del día no se le esta protegiendo", cuando se exponen en una primera fase los nombres de los involucrados.
Según el jurista, lo que ha propuesto la política de protección de datos del poder judicial hecho por la Suprema Corte de Justicia esta contemplado en el articulo 44 de la Constitución, cual plantea que cuando interviene un auto de apertura a juicio se puede dar a conocer la investigación, porque a partir de ahí es público.
"A mi me parece que lo que ha querido hacer el presidente de la suprema es que los nombres de los ciudadanos no sean difundidos tan alegremente cuando todavía no ha intervenido una sentencia por lo menos de primer grado, que determine que ese ciudadano es culpable".
Cuando un ciudadano es beneficiado con un acto de "No a lugar" eso no aparece en las primeras planas de los medios, aseguró.
En ese sentido, explicó que la intención de la Suprema Corte de Justicia es evitar la exposición pública de datos que pueden perjudicar injustamente a personas cuyos casos ya han sido resueltos o prescrito. Señaló que, al difundir en plataformas digitales los nombres de estos individuos, se les impone una "sentencia" social injustificada, ya que, en muchos casos, las acusaciones han sido desestimadas o no proceden, y esas personas han sido descargadas.
"Esa es una sentencia maldita", acertó.
"Yo cuestiono esas declaraciones de ese procurador general de la república, que ha puesto en cuestionamientos a todo el sistema de justicia, a todo el sistema jurisdiccional, cuando la razón de todo esto es que se trata de acusaciones que en la gran mayoría no pasan la prueba", denunció Sierra.
Además agregó, que los jueces son los responsables, por que según él, se han convertido en cajas de resonancias de todas esas acusaciones y violaciones para mantener una alegada política contra la criminalidad, "que dicho sea de paso se le ha ido de las manos al Estado dominicano".
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