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Aunque no podemos tener certeza de que algunos se sentaron previamente a planificar lo que pasaría una vez “la impoluta sociedad civil” ocupara los espacios de la tan desacreditada clase política; vemos hoy, como resultado, que ha nacido la verdadera y fructífera normalización de la corrupción de este nuevo siglo y han sido las y los “marchaverdosos” quienes han construido, por defecto, dicha normalización.
Un movimiento dominado por personas indignadas por absolutamente todo entre lo válido y lo extrapolado, desde el repudio a la impunidad, una demanda legítima que afecta a la sociedad, como también, la famosa lucha contra la corrupción… pero la de “algunos. La marcha era para forjar el camino del simple quítate tú para ponerme yo, sin asumir el desafío de hacerlo mínimamente mejor que quienes tanto criticaron.
La famosa “transparencia” de la que habla tanto el presidente Luis Abinader, a un pueblo que no sabe en su totalidad cómo realmente se concretiza o se operativiza tal cosa, es realmente la secuela de administraciones anteriores donde se elaboró y promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública, como también, las plataformas para cumplir con las debidas publicaciones de la nómina del Estado y la distribución de los recursos.
¿Novedades? Ninguna.
La transparencia no se trata de hablar mucho con la prensa y presentar un plan tras otro todas las semanas. Eso es “comunicar” y en ese proceso, justamente se comunica aquello que el Gobierno quiere convertir en un tema central de la opinión pública y el foco de la conversación. Realmente, la transparencia se operativiza en función a tener a mano las informaciones de lo qué hace el Estado y cuánto nos cuesta.
Ahora bien, ¿Sabe usted quienes no tienen obligación de transparencia pública sobre sus operaciones financieras? Pues, ni la Oficina de Estados Iberoamericanos (OEI), ni el (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) PNUD, ni el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que casualmente superan entre todas, los 19 MIL MILLONES en convenios desde agosto del 2020 a la fecha, sólo en el Ministerio de Educación (MINERD), por citar algunas, ya que hay más.
Estos fondos se transfieren a estas instituciones para que desde ahí, a modo paralelo, se hagan adquisiciones y contratos, evitando cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones.
La transparencia se ha vuelto tan turbia, que en el MINERD han tomado por costumbre, pedir prórroga a quien solicita, vía la Oficina de Acceso a la Información Gubernamental, que le sean facilitada las informaciones a temas sensibles respecto a compras y uso del presupuesto público, dejando en un letargo responder adecuadamente a estos temas de interés y haciendo que quien solicita tenga que dirigirse al Tribunal Superior Administrativo a denunciar el asunto. Esta situación ha pasado en más de cuarenta expedientes, bajo la actual administración de Ángel Hernández. ¡ESA ES LA TRANSPARENCIA DE ESTE GOBIERNO!
¿Y dónde está la Coalición para la Educación Digna? En fin, de tantos planes y planes, y obras sin concluir, más los recules de medidas que se toman y luego se quitan, hoy la normalización de la corrupción está a la orden del día. El ideario de la novela El Gatopardo se esta cumpliendo a cabalidad en nuestro actual punto histórico como nación: Que todo cambie para que nada cambie.