La política chatarra y la destrucción ambiental

La situación de los recursos naturales en nuestro país es dramática. Su explotación irracional y las violaciones constantes a las leyes que disponen su preservación, han generado un estado de indefensión y deterioro que amenaza la sostenibilidad de nuestro pequeño espacio insular.

Los delitos ambientales, causas de grandes estragos ecológicos, tienen un nombre común: la política chatarra. Carente de planes y programas mínimos, se escuda en el populismo y, como toda estafa, solo aprecia la coyuntura electoral. Pues, añeja y perniciosa, utiliza el poder sin medir consecuencias ni quebrantos futuros. Tritura, en primer lugar, a la democracia; después, devasta los recursos naturales de manera progresiva e irrecuperable. Ese comportamiento troglodita y venal, gobierno tras gobierno se recicla para peor, mientras los daños continúan sin cesar.

Externalidades que, a ojos vistas, pueden constatarse en esa minería histórica de tierra arrasada, áreas protegidas y parques nacionales depredados, cuencas hidrográficas reducidas y expoliadas, márgenes de ríos atiborrados de viviendas y desechos, afluentes obstruidos y mermados por la erosión, la depredación y el plástico, cañadas y manantiales encementados y cubiertos, humedales rellenos, autopistas invadidas de lado a lado, y asentamientos y barriadas que, sobre inclinaciones y laderas, simulan ser pueblos fantasmas…No fue solo la pobreza, sino la política chatarra que degradó la responsabilidad pública y generó un desastre ambiental extremadamente sensible.

Frente a los depredadores poderosos, gobierna la ambición. Ciega y sin compromiso, desconoce límites y razones; yuxtapuesta con la política chatarra incuban dos gérmenes siniestros en su máxima expresión. Inconfesablemente rudos, fuera de toda legalidad, los depredadores con poder constituyen el marco referencial de la malicia con apellidos, dueños de una riqueza ostentosa, mal ganada y colosal.

Además de la osadía depredadora, de las ilegalidades de sus acometidas, la lenidad del poder político-empresarial es motor de un destrozo infame, descomunal. Defender los recursos naturales equivale a enfrentar la sinrazón y las componendas de la élite política general que ya echó raíces dentro del clientelismo fregado, la rapiña populista y vulgar.

Añádase la irrupción, nada fortuita, de ciudadanos haitianos que, en estatus migratorio irregular, contratados para depredar, evadir responsabilidades y abaratar costos, depredan sin pudor ni dolor el ecosistema nacional.

La política chatarra, fraudulenta y extraviada, opera como agencia ilícita de simpatía electorera a cualquier precio, con chantajes y amenazas contra defensores y autoridades que, tantas veces, se ven impedidos de cumplir el mandato legal.

Como un colador para delincuentes habituales que, sorprendidos en flagrancia criminal, siempre salen ilesos, premiados con la devolución de sus equipos y maquinarias (cuerpos del delito), entregados sin más…

Conocidas figuras políticas, subrepticiamente o de forma descarada, han paralizado y entorpecido el trabajo de las autoridades competentes. Actos vergonzosos como los del acalde y una diputada de Luperón, miembros del partido gobernante (PRM), quienes obstaculizaron el desalojo y la recuperación del Refugio de Vida Silvestre, Bahía de Luperón, invadida por dominicanos y haitianos que, rellenando humedales y manglares, han degradado su entorno a suciedad y contaminación. En Punta Rucia, La Ensenada y Cabarete, actuaciones similares fueron orquestadas por la cháchara politiquera del lugar. En Loma Novillero, Villa Altagracia, dos miembros del PRM (un médico y el director de INDOCAFE) permanecen invadiendo y destruyendo, desafiantemente, un área importante de la emblemática y valiosa reserva forestal. Jarabacoa tiene un historial alarmante: los destrozos y las incursiones se hacen en confabulación con el alcalde municipal (PLD), mientras, en Manabao, ocurre lo propio, gracias al concurso de su director Municipal (PRM): ambos son aliados públicos de los depredadores con apoyo oficial. El alcalde de Montecristi y el senador provincial (PRM) se colocaron por encima de la Constitución, actuando de facto, delimitando (¿repartiendo?) espacios de la playa y la costa marina, en nombre de “su desarrollo turístico” primitivo, corrompido y clientelar.

Entre Ocoa y Bonao, corazón de la Cordillera Central, agricultores destrozan los parques nacionales Juan Bautista Pérez Rancier y la Humeadora, desmadre que afecta áreas protegidas vitales donde nacen varios de nuestros ríos principales.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, a diferencia de sus antecesores, escucha y responde a tiempo. Su gestión, valiente y eficaz, ha empezado con buen pie, pero encara un tremendo desafío frente a la extensión y permisividad de la depredación ambiental.

Hasta ahora la política chatarra ha salido victoriosa, violentando todas las barreras éticas y jurídicas que protegen nuestra biodiversidad…