El pasado 7 de diciembre Perú comenzó a escribir un nuevo capítulo de la crisis política que viene atravesando hace años.
Crisis que, por ejemplo, llevó al país a tener seis presidentes desde 2018. Ese día, el ex mandatario Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, pero se encontró con el rechazo no sólo de la oposición, sino también de gran parte del oficialismo.
El 7 de diciembre de 2022, el presidente Castillo, de 53 años, anunció en cadena nacional la disolución del Congreso, la conformación de un Gobierno de emergencia, un toque de queda nocturno y un Ejecutivo por decreto.
El anuncio ocurrió apenas horas antes de que el Parlamento debatiera su juicio político, el tercer intento de vacancia presidencial desde llegada al poder en julio de 2021. Lo que llamó la atención es que todo daba a entender que la oposición no había logrado conseguir los 87 votos necesarios para sacarlo del cargo.
Esa maniobra no sólo le significó un fuerte rechazo de la oposición, sino también de gran parte del arco oficialista. La vicepresidenta Dina Boluarte lo acusó de haber perpetrado un intento de “golpe de Estado”.
Los congresistas peruanos se opusieron de lleno al intento de Castillo de disolver el Parlamento, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, José Williams, convocó de manera urgente una sesión para someter a votación la vacancia presidencial. Esta fue aprobada masivamente con 101 votos.
Mientras esto ocurría, el mandatario se dirigía con su familia a la embajada de México para pedir asilo. Sin embargo, en el camino fue interceptado por la Policía y detenido bajo la acusación de “rebelión”.
Cientos de manifestantes, algunos a favor y otros en contra del destituido presidente, toman las calles de Lima.
Dos horas después de la votación por el juicio político contra Castillo, la vicepresidenta -abogada de 60 años- fue convocada por el Parlamento para jurar al cargo, convirtiéndose en la primera presidenta de Perú.
Durante su pronunciamiento, afirmó su intención de cumplir el resto del mandato de Castillo, hasta julio de 2026. Dos días después, el 10 de diciembre, presentó el nuevo gabinete, encabezado por el ex fiscal Pedro Angulo y de perfil tecnocrático e independiente, que incluye ocho mujeres entre los 19 ministerios.
Tras la detención de Castillo y la juramentación de Boluarte, varios países comenzaron a pronunciarse. Estados Unidos elogió a Perú por garantizar la “estabilidad democrática” y se comprometió a trabajar con la flamante presidenta.
La Unión Europea también felicitó a la mandataria. “La UE recuerda que el pleno respeto de la Constitución, los principios democráticos y la separación de poderes es crucial para el restablecimiento de la estabilidad política”, refirió el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pedro Stano, mediante su cuenta oficial de Twitter.
En tanto, países como Colombia, México, Argentina y Bolivia condenaron el juicio político contra Castillo, lo que provocó roces diplomáticos con el actual ejecutivo de Boluarte. Lo propio ocurrió con Honduras, al punto que el gobierno de Perú decidió retirar a su embajador en el país centroamericano en respuesta a “la inaceptable injerencia” en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro, cuando en su intervención en la CELAC desconoció al gobierno de Boluarte.
Sin embargo, el más crítico fue el gobierno del presidente boliviano Luis Arce, quien sostuvo que desde un inicio “la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo”.
Desde que Castillo anunció la disolución del Parlamento, miles de peruanos se movilizaron a favor y en contra del ex presidente. Pero con el correr de los días las protestas empezaron a extenderse por todo el país, con bloqueos de vías y quemas de neumáticos.
Los seguidores de Castillo exigen su liberación, el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, y el llamado a nuevas elecciones.
El clima social comenzó a tornarse más violento con fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El 11 de diciembre se registraron los primeros dos muertos en Andahuaylas (sur), cuando los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.
Desde entonces, las zonas más azotadas por la violencia -hasta el día de hoy- son las localidades andinas y del sur del país.
El 3 de enero, a medida que crecían los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y los muertos, la presidenta reclamó una “justicia rápida” para las víctimas durante las protestas. Un día después, organizaciones civiles participaron de una marcha por la paz por las calles de Lima y varias ciudades del país. Sin embargo, la violencia no sólo se mantuvo, sino que fue en aumento.
El 19 de enero comenzaron las protestas en Lima. El pasado 24 de enero la capital vivió su jornada más violenta, con varios heridos por perdigones y piedras, entre ellos dos fotógrafos.
Las protestas también dejaron varios destrozos, como los ocurridos el pasado 20 de enero, cuando en el incendio en la Plaza San Martín las llamas destruyeron una casona histórica del Centro de Lima. Desde que se han registrado las manifestaciones en la capital, Lima ha sufrido diversos daños tanto en propiedades públicas como privadas.
En el sur, por su parte, la convulsión social obligó al cierre de aeropuertos, como el de Cusco, epicentro del turismo en Perú. En la pobre región de Puno, en tanto, el 9 de enero un enfrentamiento con las fuerzas del orden durante el intento de toma del aeropuerto terminó con 18 personas muertas, entre ellas un policía que fue quemado vivo.
El 11 de enero, un autobús que era usado para transportar a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue quemado por manifestantes en la región sureña de Cuzco, mientras que otro grupo de personas incendió las cabinas de un peaje en la región de Tacna, fronteriza con Chile.
Boluarte pidió insistentemente a los pobladores del sur del país, específicamente a los de Puno, región limítrofe con Bolivia, un acercamiento para dialogar e instó a detener la escalada de la violencia.
El sábado 28 se reportó el último muerto en el marco de las protestas, ocurrido en el centro de la capital, lo que eleva a 58 la cifra de personas fallecidas, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo.
Ante los hechos de violencia y la creciente presión social, el 14 de diciembre Boluarte declaró el estado de emergencia. Ese día, en Ayacucho, también al sur del país, se registraron siete fallecidos, y otros dos en el norte.
Dos días más tarde, el 16, el Gobierno decretó toque de queda en 15 provincias de las regiones de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho.
Por su parte, el pasado 19 de enero el Ejecutivo prolongó el estado de emergencia por 30 días a los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna. De esta manera, son siete los departamentos en estado de emergencia, ya que esa medida también fue extendida por 30 días a Lima, Callao, Cuzco y Puno.
En el marco de las protestas, los manifestantes vienen realizando bloqueos en las principales rutas del país, lo que ha provocado una preocupante escasez de productos básicos y problemas al sector turístico.
El 6 de enero un grupo de manifestantes bloqueó la carretera Panamericana Sur, la más importante de Perú, ya que recorre todo el país y une a la capital con el resto de las regiones del sur. Allí, colocaron piedras, palos y neumáticos para impedir el paso de los vehículos.
Reiterados hechos de violencia también se registraron en las inmediaciones de aeropuertos, como el ocurrido en la ciudad de Juliaca, en Puno, donde al menos 12 personas resultaron heridas, entre ellas 4 policías. El aeropuerto de Cuzco también tuvo que suspender operaciones días atrás, como consecuencias de los paros y las protestas.
El pasado lunes 23 de enero, las autoridades de Transportes indicaron que para ese día 74 piquetes tenían bloqueado el paso en carreteras de 10 de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte. Los aeropuertos de Arequipa y Juliaca en Puno seguían cerrados bajo custodia militar para evitar que sean tomados por asalto. El servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu, joya del turismo de Perú, también se suspendió hasta nuevo aviso.
Ante la persistencia de los bloqueos, el jueves 26 el Gobierno anunció que la Policía y las Fuerzas Armadas desbloquearían las carreteras del país tomadas por los manifestantes.
Los vecinos de las zonas más afectadas, las del sur, han denunciado que los bloqueos generan escasez de productos básicos, así como de gas licuado de petróleo, el principal combustible para vehículos y uso doméstico. Esto, al mismo tiempo, ha llevado a un fuerte aumento de los presos en esos productos. Los bloqueos también complican los servicios médicos en varias zonas del país.
El gobierno de Luis Arce fue el actor extranjero que más crítico se ha mostrado ante la destitución de Pedro Castillo y la llegada al cargo de Boluarte, al afirmar que “la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo”.
El jefe de Estado boliviano continuó haciendo referencia a la situación del país vecino, como el pasado domingo 22 de enero, cuando dijo que “tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente”.
En esa línea se ha manifestado también Evo Morales, líder del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
Desde el gobierno de Boluarte denunciaron “actos de injerencia” por parte de Bolivia.
El Gobierno boliviano, no obstante, negó esas acusaciones y sostuvo que esas insinuaciones buscan “generar una cortina de humo” para que no se hable de lo que “realmente está sucediendo” en el país vecino.
El pasado jueves 26 de enero, el Congreso peruano declaró a Evo Morales como persona non grata en el país por sus “declaraciones públicas” contra el gobierno peruano y la Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra por su posible nexo con el ingreso de armamento al país.
El ex mandatario de Bolivia había mencionado que “lo que está viviendo el Perú no es una simple reivindicación del cierre del Congreso o nuevas elecciones, es una insurrección del pueblo contra el estado colonial”, y que por lo tanto, “una insurrección no se resuelve con una reforma a la Constitución, sino con la refundación del Perú”.
Tras el recrudecimiento de los choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, el pasado 10 de enero la fiscalía de Perú abrió una investigación por presunto delito de “genocidio” a la presidenta Boluarte.
Con el correr de las semanas, la presión sobre el accionar de los cuerpos de seguridad también aumentó desde el plano internacional.
La semana pasada el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a las autoridades peruanas “que lleven a cabo investigaciones rápidas, efectivas e imparciales” de las muertes registradas en las protestas. En el mensaje emitido por su portavoz, pidió además “que se evite la estigmatización de las víctimas”, además de reiterar su “gran preocupación” por la situación en el país y por el número de muertes producidas.
Solicitó, además, específicamente a las autoridades “que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
En esa línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó al Gobierno de Perú la necesidad de que los derechos humanos guíen la actuación de la Policía Nacional.
El pasado miércoles 25 de enero, el Gobierno peruano aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigará posibles “excesos” de las fuerzas del orden, aunque afirmó que sobre todo han sido grupos minoritarios de manifestantes quienes ejercieron “violencia indiscriminada”.
“Si algún exceso ha habido se va a investigar”, aseguró en su intervención en el Consejo el embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara, quien destacó que no obstante las autoridades han intentado “responder dentro de los estándares internacionales de resolución de conflictos de esta naturaleza”.
“Perú está comprometido con las protestas sociales pacíficas, pero cuando lamentablemente algún sector minoritario de los manifestantes ha incurrido en violencia contra bienes del Estado o contra otros ciudadanos, las fuerzas del orden han tratado de restaurar la paz social”, declaró.
Pese a que en su discurso de asunción Boluarte dijo que su intención era completar el mandato de Castillo hasta 2026, ante la presión de las protestas cada vez más masivas y violentas, el 12 de diciembre la presidenta interina había anunciado que presentaría al Congreso un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones.
Sin embargo, el pasado viernes 26 de enero el pleno del Congreso de Perú rechazó adelantar los comicios generales para octubre próximo.
La propuesta recibió 45 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, aunque tras conocerse el resultado, el presidente del Congreso, José Williams, informó de que se había planteado un pedido de reconsideración que se debatirá el próximo lunes, cuando, de nuevo, deberán votar la propuesta.
Al tratarse de una reforma constitucional, este proyecto debía contar con el voto favorable de 87 parlamentarios en dos legislaturas consecutivas para ser aprobado.
Previo a la votación, la presidenta Boluarte había pedido a los congresistas la aprobación del adelanto electoral para 2023, como medida para salir de la crisis y en respuesta a una de las principales demandas de las protestas.
Tras la muerte de un manifestante el sábado en Lima, Williams exhortó a sus colegas parlamentarios a aprobar este lunes 30 de enero, en la votación de reconsideración programada, el adelanto de elecciones generales.
“El Congreso debatirá este lunes la reconsideración al proyecto de ley que aprueba el adelanto de las elecciones presidencial y congresal. Exhortó a los parlamentarios a reflexionar con responsabilidad la decisión a tomar”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.