Martínez Pozo señala causas aceleración caso Donald Guerrero

Santo Domingo.- El comentarista Julio Martínez Pozo expuso las razones de la aceleración el caso de Donald Guerrero señalando que la urgencia está por parte del procurador adjunto Wilson Camacho, a quien Pozo asegura tiene en presentar el caso pues su titularidad vence el 7 de marzo.

Otra de las razones expuestas por el coordinador del Sol de la Mañana es que la procuradora Miriam Germán Brito debe viajar a Colombia.

El coordinador de El Sol de la Mañana que se transmite por Zol 106.5 FM de RCC Media señaló sostuvo además que esto conecta con el discurso del presidente Luis Abinader el 27 de febrero, donde mostrará el caso Donald Guerrero y la recuperación de recursos como parte de su bandera en la lucha contra la corrupción.

El comentarista considera "errado" el expediente y aseguró que parte de premisas falsas, debido a que el pago por expropiación fue de 17,000 no de como señalan 21,000.

Pozo expresó también que el Ministerio Público es que ha impedido la propiedad de los títulos de los terrenos al Estado.

Precisó durante su intervención que el presidente Abinader prefirió la judicialización en vez de los impuestos a pagar.

Dijo que se tiene apalabrado el pago de 2,100 millones porque tres de los propietarios de los terrenos vendidos al Estado y que acordaron pagar 700 millones cada uno.

Aclaró que no se opone a investigaciones por el pago de expropiación de terrenos por el Estado si hay sospecha de irregularidades.

Caso Donald Guerrero

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dirige la investigación por corrupción que involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero y al ex administrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo Mézquita,

Guerrero está siendo investigado bajo las imputaciones de irregularidad en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.

La acción del Ministerio Público parte de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos, pero las indagatorias se extienden a otros hechos.