Miguel Valerio aclara Senado está impedido para interpelar a la Cámara de Cuentas  

Santo Domingo, RD.- El destacado abogado penalista, Miguel Valerio Jiminián, aclaró este miércoles que, por disposición de la Constitución de la República, el Senado está impedido de interpelar al pleno de la Cámara de Cuentas.

Entrevistado por teléfono en el programa el Sol de la Tarde, que se transmite de lunes a viernes por Zol 106.5 FM, del grupo RCC Media, el togado indicó que un juicio político a los miembros del órgano acusador o a cualquier funcionario de elección, debe someterse a través de la Cámara de Diputados.

“La Cámara de Diputados hace las indagatorias, levanta la información y si se entiende que hay mérito, como parece en el caso de la especie; acusa ante el Senado para verificar lo que el presidente de la Cámara de Cuentas dijo, que eran convocatorias irregulares del pleno, suplantaciones de funciones, auditorías que no salen, y lo más grave, lo que me llamó la atención era que el plan de auditoría anual, que es el plan ideal de la Cámara de Cuentas para que el estado sienta control, tampoco se esté ejecutando. Y, evidentemente, eso de por sí prácticamente los llevó a un juicio político, comentó el jurista.

El juicio político es viejo

Recordó que el juicio político es una figura vieja en la República Dominicana, aunque se haya mal utilizado en varias ocasiones. Y, añadió: “Ante las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, evidentemente que la Cámara de Diputados, que es el fiscal, es el que manda la acusación al Senado, tiene que empezar una indagatoria.

Sostuvo que el senador Iván Lorenzo está pidiendo una especie de indagación-interpelación, pero el Senado está impedido en ese caso particular, ya son de las excepciones que tiene la Constitución.

Al responder la pregunta de por qué se producen tantos escándalos en las distintas gestiones de la Cámara de Cuentas s, el jurista explicó que: “en primer lugar, la Cámara de Cuentas durante mucho tiempo fungía como Tribunal Superior Administrativo, es decir, como un control jurisdiccional de la Administración Pública. Estas funciones, evidentemente, pasaron al Poder Judicial, con lo cual, de entrada, esas votaciones que hace el pleno para ver si una auditoría está correcta o no, sería muy cuestionada porque fue como el espíritu de la ley”.