Santo Domingo.- El abogado Miguel Valerio, representante legal del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes) en la querella interpuesta por una supuesta estafa al Estado por más de RD$20,000 millones, afirmó este viernes que el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, si tiene responsabilidad penal en ese caso.
Aclaró que a Jiménez Bichara no se le está imputando absolutamente en nada referente a las EDEs, pero sí tendrá que responder en la justicia autorizaciones y pagos firmados por él a empresas de Maxy Montilla, otro de los imputados en el caso.
Así respondió Valerio al espacio pagado en la prensa escrita, donde el ex funcionario salió en su defensa ante las acusaciones, las cuales calificó como un “absoluto abuso” y “total atropello”, ya que en su gestión en la CDEEE no tuvo participación en los procesos internos de compras y contrataciones de las EDEs.
Mientras que sobre los procesos de compras desarrollados por la CDEEE, dijo que estos se realizaban con financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversión (BEI), el Banco Mundial, entre otros.
Al habla en una entrevista vía telefónica para el Rumbo de la Mañana, del Grupo RCC Media, Valerio reconoció que ciertamente en la CDEEE se financiaban proyectos con el aval de esas entidades internacionales, cuyas negociaciones con muy rígidas con los procesos que conllevan, pero se adjudicaban obras empresas de Maxy Montilla, las cuales disfrutaban de una especie de carta acreditativa o certificación, en la decía que los productos de las licitaciones se le compraban con un sobreprecio de hasta un 300% y obviamente eso repercutió en el préstamo con el organismo multilateral.
"Si ustedes se fijan en la carta, él (Rubén Jiménez Bichara) se refiere al Banco Europeo de Inversiones. Bueno pues el Banco Europeo de Inversiones recientemente en fecha 4 de mayo canceló sus relaciones comerciales con la CDEEE, y no extendió las facilidades crediticias que tenía", agregó Valerio.
Explicó que esa situación con el BEI obedece a una investigación que realizaron en esa entidad financiera y se determinó que en el país se violaron los sistemas de compras internacionales de esa organización por un asunto de conflictos de intereses. Además de que en un futuro podría evaluar volver a prestar a la República Dominicana, si cambian las malas prácticas y que se reserva el derecho en demandar en daños y perjuicios al Estado por las actuaciones que se cometieron en la CDEEE.
El profesional del Derecho dijo que no han depositado ningún hecho que no tuviera su correlativa prueba, ya que este caso se trata de evidencias y pruebas. Y reiteró que se hace el reclamo de RD$50,000 millones por los daños causados al Estado dominicano.
Recalcó que en las auditorías legales se habían encontrado situaciones irregulares en contratos administrativos de adjudicaciones de obras, básicamente a Maxy Montilla, las cuales consistían en utilizar procedimientos menores de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Sostuvo que en proceso con un umbral de RD$3.6 millones, se adjudicaban obras entre RD$80 millones y RD$120 millones, alcanzando hasta los RD$2,000 millones.
Citó el ejemplo de que en Edenorte a Maxy Montilla y sus empresas se le adjudicaron proyectos de electrificación grado a grado por RD$1,400 millones.
Otra modalidad de procedimientos irregular que describió Valerio, era que en las licitaciones había empresas que cotizaban muy alto y otras que con el proceso bien avanzado se retiraban, pero se trataba de compañías pertenecían a un mismo propietario, que en este caso era Alexis Medina Sánchez. En este tipo de adjudicaciones se gastaron más de RD$1,500 millones.
Asimismo, indicó que tienen pruebas de que los administradores de la EDEs sabían que esas situaciones o irregularidades no se podían ejecutar, porque violentaban en sistema de compra y contrataciones del Estado, pero como quiere se realizaban.
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Sobre la querella
El martes 15 de junio, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las EDEs, Andrés Astacio, se querelló ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra 15 personas por un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de generadoras en electricidad.
Además de Rubén Jiménez Bichara los acusados otros acusados ante la Pepca son Luis Ernesto de León Núñez; exadministrador general de Edeeste; Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez, ambos exadministradores generales de Edesur; Julio César Correa, exadministrador general de Edenorte; Maxy Gerardo Montilla y Alexander Montilla, hermanos de la exprimera dama, Candy Montilla de Medina; Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.
También figuran Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y más de 25 empresas nacionales.