El Ministerio de Educación (Minerd) informó que ha depositado una demanda judicial ante la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales contra las empresas Estación de Fumigación Aérea Angelina y Aeroserva Servicios del Valle, por realizar fumigaciones aéreas con agrotóxicos sin poner en conocimiento a las autoridades educativas y sin observar los protocolos correspondientes, afectando la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo de centros educativos del Nordeste del país.
«Como no ha habido forma de paralizarlos, hemos tenido que acudir a las instancias judiciales. En anteriores ocasiones habíamos notificado al fiscal de medioambiente de la zona; la directora del distrito se ha encargado de darle un seguimiento a esos temas, pero, ante la persistencia de ellos de discontinuar con esas fumigaciones con agrotóxicos, afectando la salud de toda una comunidad, especialmente, de los centros educativos, hemos tenido que acudir con una demanda contra esas empresas y cualquier otra persona que resulte culpable, porque también se hacen fumigaciones con motobombas que afecta la salud de los estudiantes», puntualizó el consultor jurídico del Minerd, Nelson Rudys Castillo Ogando.
Dijo que las fumigaciones aéreas se han venido realizando en las cercanías de centros educativos de las provincias Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís y La Vega, afectando una cantidad significativa de estudiantes, personal docente y administrativo de los centros Angélica María Moya, Juan Antonio Alix, Profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, Pedro Mir-La Boca y el Gastón Fernando Deligne, pertenecientes al Distrito Educativo 07-05. También al centro educativo Celeste Fernández, Fermín Rosario, Juan Sánchez Ramírez y el Rafael Rosario Castellano.
El consultor jurídico explicó que la intimación fue depositada, además, ante los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente y Agricultura, y se notificará a Aeronáutica Civil, para solicitar la intervención directa de esas instituciones para que se paralicen las fumigaciones que afectan a esos centros educativos. Dijo que Aeronáutica Civil fue notificada de los casos porque, para hacer esas fumigaciones, las aeronaves deben tener algún permiso y protocolo para volar.
El doctor Castillo Ogando explicó que durante dos años el Minerd ha estado dando un seguimiento constante a esos y otros casos, los cuales han sido bien documentados. Explicó que en Ranchito-La Vega el Minerd notificó a la razón social Aeroserva Servicios del Valle para que, en caso de continuar con la fumigación sin observar los protocolos correspondientes, el Ministerio de Educación estaría al frente de una demanda contra esa y otras empresas. Dijo que también en Cotuí se depositó una intimación a la Estación de Fumigación Aérea Angelina, en manos de su encargado, Danny Ramos, haciendo la misma advertencia.
El funcionario aseguró que, no obstante a esas advertencias, esas empresas continuaron realizando fumigaciones aéreas con químicos y pesticidas sin poner en conocimiento al Minerd que, de forma urgente, se ha visto obligado a suspender la docencia en los centros educativos afectados.
Indicó que el Minerd y el Ministerio de Agricultura habían consensuado un protocolo amparado en la Resolución RES-MA-2018-88, de fecha 30 de noviembre del 2018, emitida por ese ministerio para regular la aplicación aérea de pesticidas, en el entendido de que los plaguicidas son útiles para la agricultura y es un derecho que tienen, pero que eso no puede afectar el derecho a la salud y a la educación de los niños.
Dijo que en ocasiones anteriores se había dicho que era posible hacer las fumigaciones los fines de semana cuando no hay clases y que, en caso de ser muy necesario, entonces acordar con el Minerd, con 24 horas de antelación, para que hagan las fumigaciones en horario que no ponga en peligro de intoxicación a los miembros de la comunidad educativa en el tiempo de docencia, «pero debemos tener un protocolo y darle cumplimiento».
«No es posible que desde una aeronave se estén esparciendo agrotóxicos encima de un plantel educativo. La salud de los estudiantes no las puede afectar y tenemos que buscar la solución de este problema antes de que tengamos la infausta noticia de que diez, quince o veinte niños han fallecido por una intoxicación, hay que evitar eso al país, y eso solamente se evita con el cumplimiento de un protocolo que el Ministerio de Educación está dispuesto a cumplir», expresó el consultor jurídico.
Y agregó que: «No tenemos más opción ante la insistencia y la persistencia de las empresas que se dedican a las fumigaciones que someterlas a la acción de la justicia y está estableciendo una demanda en responsabilidad por los daños y perjuicios, y en la responsabilidad patrimonial de los ejecutivos de las empresas porque esto hay que paralizarlo».