Santo Domingo, RD. – En un giro que ha desencadenado una indignación colectiva, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificó la medida de coerción impuesta a Jean Alain Rodríguez, permitiéndole asistir a su oficina de trabajo los días miércoles y jueves de cada semana con el fin de que pueda genere ingresos para sustentar a su familia.
Sin embargo, esta decisión ha suscitado fuertes críticas por parte del Ministerio Público, que acusa al tribunal de estar favoreciendo a los imputados involucrados en importantes procesos judiciales.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, proporcionó aclaraciones sobre la situación. Explicó que el tribunal aceptó parcialmente la solicitud de la defensa de Jean Alain Rodríguez, basándose en el precepto constitucional del derecho al trabajo.
No obstante, la magistrada subrayó una cuestión crucial: "si se otorga este beneficio a un imputado, ¿todos los ciudadanos sometidos a medidas de coerción deberían tener el mismo trato? La coordinadora de Litigación de la Pepca argumentó que la igualdad ante la ley debería prevalecer en todos los casos judiciales".
Mirna Ortiz continuó planteando una interrogante que ha resonado en las redes sociales: "si todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la justicia, ¿los demás no deberían también tener el mismo derecho a la libertad para trabajar y mantener a sus familias?".
Sostuvo que, aunque el Ministerio Público respeta las decisiones judiciales, existe una disparidad en cómo se aplica el derecho en relación con otros imputados. A pesar de que la decisión de la corte es respetada, el Ministerio Público cuestiona si esta protección se extiende de manera uniforme a todos los acusados en procesos judiciales.
En una evaluación crítica de la situación actual, la coordinadora de Litigación destacó que continúan observando una tendencia hacia la concesión de privilegios a imputados involucrados en casos de gran envergadura. Esta tendencia ha suscitado inquietudes sobre la aplicación imparcial de los derechos ciudadanos en el sistema judicial.