La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, resaltó la relevancia de los municipios en la gestión del control migratorio durante la 23ª Asamblea General de Municipios 2024.
Raful enfatizó que las alcaldías tienen la obligación de registrar la entrada de ciudadanos en sus demarcaciones, en conformidad con las regulaciones vigentes, como parte de un esfuerzo por reforzar el control territorial y la seguridad.
En su intervención, la ministra también alertó sobre la presencia de bandas criminales que afectan la seguridad local, señalando que el gobierno está concentrado en controlar estos fenómenos.
Afirmó que las políticas migratorias del país son definidas por el presidente y que su función es asegurar su correcta implementación a nivel municipal.
Además, subrayó que el cumplimiento de la Ley de Migración es fundamental para mantener el orden, y que el Estado tiene el derecho soberano de actuar conforme a su Constitución para regular los flujos migratorios y prevenir situaciones de ilegalidad.
Añadió que la situación de Haití constituye una amenaza para la seguridad nacional dominicana y que por tanto se ha realizado un trabajo coordinado con todos los estamentos y autoridades, que existe un despliegue significativo de las fuerzas para mantener el orden en el conjunto del territorio nacional.
En su intervención, Raful señaló la necesidad de abordar el tema del flujo migratorio de manera organizada, con respeto a los criterios establecidos para la evaluación de las personas que ingresan a República Dominicana.
Por otro lado, Raful indicó que desde el ministerio manejan todas las políticas públicas, que abarca desde la seguridad ciudadana hasta cuestiones migratorias. Además, mencionó que han promovido la creación de la Dirección de Prevención Irregular de la Propiedad Pública, para abordar y gestionar los conflictos derivados de la migración.
La Ley de Ordenamiento Territorial, impulsada desde el Senado, tiene como propósito fortalecer la gestión de los gobiernos locales y de los ayuntamientos, puesto que establece claro que la normativa debe determinar el uso de los suelos, respetar la planificación y el desarrollo previstos.
Raful indicó que establece mecanismos para regular y supervisar los movimientos migratorios, lo que asegura el cumplimiento de las leyes, para proteger a los ciudadanos de aquellos que ingresen al país con intenciones delictivas o antecedentes penales, y garantizar así la seguridad de la nación.