De acuerdo al escrito de solicitud de medida de coerción para imposición del Ministerio Público, los implicados en operación Gavilán eliminaron más de 8 mil registros penales a cambio de sobornos.
“Utilizaron su posición de empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas en contra de los registros nacionales de procesamiento antecedentes penales”, señala el documento en el que se explica que muchos de estos casos estaban relacionados con narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros delitos grave.
El esquema criminal que llevaron a cabo consistía en lo siguiente: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, eliminación de antecedente, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales y, por último,” franqueo” para salir del país.
“Se asociaron con exmiembros de la Policía Nacional a quienes eliminaron antecedentes penales graves y lo integraron a formar parte de la red criminal”, cita el escrito.
La última operación de la Procuraduría General de la República fue dirigida contra personal bajo su mando que aceptó sobornos para borrar antecedentes a criminales.
Siete fiscales sin nombre estaban al frente de una red que borraba fichas a delincuentes
Además, se involucraron a parejas, familiares y allegados para poder mover el dinero proveniente de los sobornos sin que se levantaran sospechas y así evadir la persecución
Según el MP, los involucrados en el entramado utilizaron un esquema fraudulento por años, pero lograron perfeccionarlo a partir del 2018, incrementándolo de manera significativa a partir de lo que denominaban “La Vuelta”.
A través de este dinero adquirieron bienes y servicios. Asimismo, realizaron transferencias millonarias en las que adulteraron los conceptos para disfrazar el objeto ilícito de las mismas.