Santo Domingo.- El experto en Derecho Municipal, Julián Roa, emplazó este domingo al alcalde del municipio Santo Domingo Este, el ministerio de Medio Ambiente y a la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), aclarar si están consciente de que el proyecto de instalar una estación de transferencia de residuos sólidos, estará a menos de un kilómetro del barrio El Tamarindo, donde residen cientos de miles de personas.
Roa, autor de un Tratado de Derecho Municipal, expresó su extrañeza de que tanto el alcalde Manuel Jiménez, como Orlando Jorge Mera y Leonel (Neney) Cabrera, ignoren que esa obra afectará el medio ambiente y los humedales del río Ozama.
Entrevistado en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, el también dirigente del Partido de la Liberación Dominicana sostuvo que los funcionarios municipales tienen que estar actualizados en el desempeño de sus responsabilidades como tales.
“No concibo que el alcalde Jiménez y la Sala Capitular de SDE, solicitaran al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), a través de Cabrera, la donación 345 tareas para instalar un depósito para comprimir desperdicios próximos a un conglomerado humano”, dijo.
Reveló que la dirección del CEA le informó que la ubicación geográfica del terreno solicitado se encuentra en la parcela reformada número ocho, donde se encuentra la zona de amortiguamiento de los humedales del rio Ozama, que crean un microclima, con 10 a 12 arroyo.
“Le pido al alcalde y al ministerio de medio ambiente si han dado el permiso ambiental para instalar ese vertedero dentro de la zona de amortiguamiento de los humedales del rio Ozama”, expresó Roa.
En ese sentido, demandó de los regidores “no aprobar eso, porque los hace responsables y comprometen su responsabilidad patrimonial, su responsabilidad civil y penal”.
La Ley 176-07
En otro orden, el ex presidente de la Asociación Dominicana de Regidores, reconoció que todavía persiste un déficit en el control social de los gobiernos locales debido al limitado ejercicio de la participación ciudadana previsto por la Ley 176-07.
De igual manera, Roa lamentó que la citada legislación, que rige actualmente el funcionamiento de las alcaldías y juntas municipales, no se haya aplicado ni en un 10%, siendo además “sumamente desconocida por los mismos que deben aplicarla”.
A su juicio, pese a los avances que contiene la ley, “no han sido socialmente más efectivos por la ausencia de una sociedad civil más organizada, vigilante y proactiva que reclame el cumplimiento de las normas sobre transparencia y participación que establece”.
¿Para qué modificarla?
Respecto a las intenciones de modificar la legislación, vio “luces y sombras, porque en algunos aspectos se avanza y en otros se retrocede”, observando que hay cierto apuro en someterla en menor tiempo.
“Hago un clamor de que el que vaya a trabajar en la modificación de la ley, lo haga con la mayor calma, y las consultas que se hagan sean extra municipalidad”, planteó.
En esta dirección, Roa manifestó su preocupación por el proyecto de ley municipal que pretende llevar al poder ejecutivo para enviarlo al congreso, del que dijo constituye un retroceso.
Reveló que según se le ha informado, se pretende que la Liga Municipal Dominicana se constituya ya no por ley, sino por disposición reglamentaria entre ésta y el ministerio de economía sea un ente que rompa con la autonomía municipal.
“O sea, estamos constituyendo en la Liga un nuevo presidente, que sería el presidente de los gobiernos locales y tendríamos entonces al presidente Luis Abinader de los órganos nacionales, y eso violenta la unidad del Estado dominicano que está consignado en la constitución”, sostuvo.
En cuanto a competencia el nuevo proyecto de ley opinó que el mismo “aumenta muy poco la competencia propia de los municipios y le resta alguna competencia como es la de la disposición final”.
También argumentó que el cambio no aumenta la base tributaria de los municipios que es fundamental para poderlo desarrollar.
“Tengo esa gran preocupación, porque también va a generar una serie de conflictos entre los distritos municipales y los municipios, incluyendo que se pretende dar disposiciones contrarias a decisiones tomadas por el tribunal constitucional, lo que constituye una aberración en un Estado de derechos”, subrayó.