El gobierno de Nicaragua declaró el lunes ilegal al Consejo Superior de la Empresa Privada y a las 19 cámaras que lo integran alegando incumplimiento en la actualización de sus permisos para trabajar.
La clausura de la principal patronal del país, cuyos máximos directivos encarcelados en 2021 y deportados este febrero. Se oficializó mediante una publicación en el diario La Gaceta en la que se indicó que el Consejo no presentó “la convalidación de sus registros”.
El argumento es el mismo utilizado por el Ministerio de Gobernación para proceder al cierre de unas 3,300 organizaciones no gubernamentales desde la rebelión social de 2018. Y que en su mayoría fueron clausuradas el año pasado.
La medida interpretada por algunos empresarios como “un nuevo golpe” al sector privado. Lucy Valenti, expresidenta de la otrora pujante Cámara Nacional de Turismo (Canatur), adscrita al Consejo, dio que es “parte del proceso de talibanización de la dictadura”.
“Se sienten acorralados y su respuesta es arrasar. Canatur ha hecho historia en el turismo del país y no podrán borrar eso. Seguiremos!”, tuiteó Valenti, exiliada de Nicaragua desde hace unos dos años.
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Consultada por AP, agregó que “estas son medidas de venganza” del gobierno contra el Consejo, que cerró durante la primera administración de Ortega en la década de 1980. Opinó que a raíz de esto la actividad económica “se verá obstaculizada” porque “el sector privado no tendrá más interlocución” con el gobierno.
Valenti destacó que éste “es un pésimo mensaje” para la inversión externa y “perjudica enormemente la imagen del país”, por lo que pidió a las organizaciones empresariales de América Latina que “no reconozcan” a otra patronal que busque erigirse como representante del sector privado nicaragüense.
En 2021, Ortega envió a la cárcel a siete directivos del Consejo, entre ellos el expresidente José Adán Aguerri, el entonces presidente de la patronal Michael Healy y el vicepresidente Álvaro Vargas. Los siete están excarcelados y deportados a Estados Unidos junto a otros 215 opositores el pasado 9 de febrero.
El Consejo, actualmente bajo la dirección del empresario César Zamora, a quien se identifica como cercano a Ortega, publicó un mensaje de agradecimiento al gobierno tras la liberación y deportación de los prisioneros, a quienes además se los despojó de su nacionalidad nicaragüense.
La actual directiva del Consejo no se ha pronunciado la anulación de su personalidad jurídica.
Nicaragua vive una grave crisis desde 2018 cuando la represión gubernamental de una revuelta social dejó al menos 355 muertos, más de 2,000 heridos y unos 100,000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
