El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso este martes una reforma a la ley de migración que endurece los controles de ingreso y salida del país, establece penas de cárcel para quienes crucen ilegalmente las fronteras con intenciones desestabilizadoras, y permite el retiro de la nacionalidad por motivos definidos en la Constitución.
La iniciativa, que será revisada por el Parlamento oficialista, complementa una reciente reforma constitucional que indica que los "traidores a la patria" perderán su nacionalidad.
Aunque esta disposición no estaba previamente en la legislación migratoria, el gobierno ya ha despojado de su nacionalidad a aproximadamente 450 personas desde febrero de 2023, entre ellas políticos, periodistas, empresarios y activistas, muchas de las cuales han sido expulsadas del país.
La propuesta impone penas de dos a seis años de prisión a quienes ingresen o salgan del país ilegalmente con el fin de “menoscabar” la soberanía, “alterar el orden constitucional” o “conspirar e inducir a actos terroristas o de desestabilización económica y social” .
Muchos nicaragüenses opositores o críticos -incluidos periodistas y activistas sociales-, acusados por el gobierno de “golpistas”, de trabajar para países enemigos o servir a la oposición, han huido del país sobre todo a Costa Rica por los llamados “puntos ciegos” de la frontera.
La reforma a la ley también indica que quienes hayan entrado o salido del país por zonas que no sean puestos migratorios podrán ser expulsados de Nicaragua si vuelven a intentar entrar.
El gobierno impulsa una serie de reformas de leyes que acompañan la reforma constitucional, que será ratificada en la legislatura que inicia en enero, y que da a Ortega y su esposa Rosario Murillo un poder absoluto del Estado nicaragüense.
El gobierno de Ortega ha soportado la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, consideradas por Managua como un intento de golpe de Estado de Washington.