El ministerio Público de Bolivia pedirá la detención preventiva por seis meses en una cárcel pública para el expresidente Evo Morales, dentro de la investigación por trata de personas iniciada en su contra, junto a otras personas.
La información fue dada a conocer por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en una declaración dada a los medios en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, luego de presentar la acusación formal, donde indicó que ahora se espera que un juez cautelar señale la fecha para la audiencia en la que se solicitará esta medida.
Las investigaciones por trata de personas y estupro contra Evo Morales se dan en medio de su enfrentamiento con el gobierno de Luis Arce por el control del gubernamental del Movimiento al Socialismo (MAS) y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.
Roger Mariaca dijo que el cumplimiento de un mandamiento de aprehensión es trabajo de la Policía y es esa institución la que deberá explicar en qué momento ejecutarán o por qué no se ha ejecutado la orden de captura emitida contra el exmandatario, emitida el 16 de octubre del presente año.
En la acusación contra el exmandatario de Bolivia por el delito de trata de personas también aparece como acusada la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra, según explicó la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien agregó que además hay una alerta migratoria en contra de estos.
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo y que presuntamente pertenecía a un grupo político juvenil creado por el exmandatario durante su presidencia.
Además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima se lucraron con ella al entregarla al expresidente a cambio de favores.
Al margen del proceso abierto en Tarija, en la región central de Cochabamba hay otras siete denuncias por presuntos abusos a menores contra el expresidente boliviano y, el mes pasado se conoció que además se abrió una investigación penal contra él en Argentina por supuesta trata de personas y abuso sexual.
Morales vivió en Argentina durante un año tras la crisis social y política de 2019, en la que renunció a la presidencia, alegando ser víctima de un supuesto golpe de Estado en medio de denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.