El Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su profunda preocupación ante la aprobación del «Presupuesto General del Estado del año 2025», el cual indicaron no aborda adecuadamente las necesidades fundamentales de la nación, ni los desafíos económicos contemporáneos.
La bancada de oposición indicó que, desde el 2019 hasta septiembre del 2024, la deuda pública consolidada de República Dominicana ha aumentado en US$25,509.9 millones, alcanzando un total de US$75,916.8 millones.
Mediante un documento de prensa, manifestaron que este incremento refleja una preocupante dependencia del endeudamiento para cubrir déficits fiscales recurrentes.
«El Proyecto de Presupuesto General del Estado del 2025 refleja una preocupante desconexión con las prioridades definidas por el Consejo de ministros en su reunión del 27 de noviembre de 2024, donde se establecieron diez metas clave para el período 2024-2028, entre ellas la mejora del sistema educativo, la reducción de la informalidad laboral y la mitigación del cambio climático», señala el comunicado.
El PLD expresó que, en términos netos, el incremento promedio anual de la deuda durante este período ha sido del 8.7%, comprometiendo gravemente la capacidad del Estado para financiar proyectos estratégicos en salud, vivienda o infraestructura, áreas que son esenciales para garantizar la calidad de vida de los dominicanos. A pesar de la importancia estratégica de estas metas, el presupuesto asigna recursos insuficientes para su cumplimiento, evidenciando una falta de alineación entre los objetivos declarados por el gobierno y la realidad de la distribución de los fondos públicos.
Informaron que la deuda consolidada, que representa el 61% del Producto Interno Bruto, supera los umbrales comúnmente recomendados para economías emergentes (50%-55% del PIB).
Esto implica que una mayor proporción del gasto público se destina al servicio de la deuda, reduciendo los recursos disponibles para programas esenciales.
Sostuvo que en 2025, el financiamiento previsto de RD$350,990 millones podría haber sido utilizado para construir hospitales, modernizar escuelas o mejorar la infraestructura vial, necesidades críticas para el desarrollo nacional.
«Cuando se compara con otros países de la región, la República Dominicana tiene una de las tasas más bajas de inversión en infraestructura pública. Mientras que el promedio en América Latina es del 4% al 5% del PIB, el PGE 2025 asigna apenas el 2.4% del PIB a inversiones de capital. Esta cifra no solo limita la productividad y competitividad del país, sino que también perpetúa las desigualdades sociales al dejar a miles de dominicanos sin acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad, establece el documento de la bancada de diputados del PLD», añade.
Agrega que un presupuesto que prioriza el gasto corriente y descuida la inversión estratégica afecta directamente la vida de las familias dominicanas en áreas como salud que solo destina el 10% del presupuesto de salud a la atención primaria.
Asimismo, que la educación, con una inversión limitada en calidad docente e infraestructura educativa, por lo que muchos estudiantes continúan asistiendo a escuelas en condiciones precarias, afectando su aprendizaje y su futuro profesional.
Infraestructura, que con la insuficiente inversión en obras públicas se perpetúan problemas como carreteras deterioradas, falta de transporte eficiente y un acceso limitado a servicios esenciales en zonas vulnerables.
Asegura que el déficit fiscal proyectado en RD$240,828 millones (3% del PIB) no solo se financiará con más deuda, sino que restringe la capacidad del país para avanzar en metas críticas como la reducción de la pobreza, la formalización del empleo y la mejora del sistema educativo.
A través de su bancada, el Partido de la Liberación Dominicana propone medidas concretas para garantizar que el Presupuesto General del Estado del 2025 sea una herramienta efectiva de desarrollo:
Reestructuración del gasto público: Reducir el gasto corriente mediante medidas de eficiencia administrativa y reasignar recursos hacia inversiones en infraestructura, tecnología, vivienda y salud pública. Cada peso debe ser utilizado de manera eficiente, asegurando que tenga un impacto tangible en la vida de los ciudadanos.
Endeudamiento responsable y sostenible: Exigir que el endeudamiento futuro se destine exclusivamente a financiar proyectos de inversión con altos retornos sociales y económicos. Además, proponemos implementar un marco fiscal de mediano plazo con reglas claras, más alla de la Ley de Responsabilidad Fiscal, para controlar el nivel de endeudamiento y priorizar proyectos estratégicos.
Metas claras: Establecer indicadores clave de desempeño para evaluar los resultados del presupuesto. Por ejemplo, aumentar el porcentaje de escuelas con acceso a Internet al 80% en tres años o garantizar que el 90% de las comunidades rurales tenga acceso a atención primaria en salud.
Transparencia: Implementar mecanismos de monitoreo en tiempo real para asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Cada proyecto financiado debe ser evaluado por su impacto y eficiencia.
Alineación y metas: El presupuesto debe reflejar las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y de las propias acciones anunciadas por el gobierno, priorizando de manera efectiva la reducción de la informalidad laboral, la mejora del sistema educativo, la mejora del sistema de salud y la mitigación del cambio climático.