Un total de 95 periodistas estaban encarcelados a finales de 2022 en Europa, un incremento del 60 % en un año, en buena medida como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, a causa de la cual al menos una docena de profesionales de medios de comunicación han muerto y otros 21 han resultado heridos.
Estas cifras aparecen en el informe anual de la Plataforma para la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa publicado este martes, dedicado en una parte importante a las implicaciones que ha tenido esa guerra para la profesión.
De esos periodistas entre rejas a fecha del 31 de diciembre, 52 estaban en Turquía, 22 en Rusia, 14 en los territorios de Ucrania ocupados por las tropas rusas, 4 en Azerbaiyán, uno en Reino Unido (Julian Assange), uno en Georgia y uno en Polonia, el español Pablo González, que tiene también nacionalidad rusa y está acusado de espionaje para el régimen de Moscú.
La Plataforma para la Seguridad de los Periodistas, que reúne a una quincena de organizaciones de defensa de la profesión y de la libertad de prensa, deja aparte la situación de Bielorrusia, "más inquietante todavía" puesto que sólo en ese país de apenas diez millones de habitantes hay 32 profesionales de medios de comunicación encarcelados.
Si se suman los de Bielorrusia había globalmente 127 periodistas en prisión en Europa al terminar 2022.
Los autores del informe han contabilizado en paralelo 156 periodistas detenidos durante el pasado año, de los cuales 89 en Rusia, 36 en Turquía, 12 en los territorios ucranianos ocupados por Rusia, 4 en Azerbaiyán, 4 en Suecia, 4 en Reino Unido, 2 en Grecia, 2 en España y 1 en Polonia.
Los dos arrestos en España se refieren a Joanna Giménez, colaboradora de El Salto y a un fotoperiodista, detenidos por la policía cuando el 6 de noviembre grababan en el Museo del Prado de Madrid una acción de dos activistas ecologistas de la asociación Futuro Vegetal que se pegaron a dos de los más conocidos cuadros de Goya, "La maja desnuda" y "La maja vestida".
Ambos periodistas fueron conducidos a comisaría y quedaron en libertad con cargos al cabo de unas horas.
La plataforma a la que presta soporte el Consejo de Europa constata que hay una gran diversidad para las razones de los arrestos y hace notar que en algunos casos las razones esgrimidas tienen poco que ver con delitos de prensa.
En concreto, hay acusaciones de corrupción, malversación, extorsión, financiación de actividades extremistas, terrorismo, espionaje, insultos o resistencia a la autoridad, complot político, incitación al odio o incumplimiento de las reglas para autorizar manifestaciones.
Citando una sentencia del Tribunal de Estrasburgo en una demanda un periodista contra Polonia, los autores del informe consideran que el miedo de los informadores a ser objeto de acusaciones penales tiene un efecto disuasorio para el ejercicio de la libertad de expresión por los periodistas.
En Rusia, de hecho, se ha recurrido con frecuencia al delito de difusión de informaciones falsas sobre el Ejército.
Las organizaciones que forman parte de la plataforma han condenado las amenazas que la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace pesar sobre la vida y la seguridad de los periodistas y han decidido continuar el registro de todos los ataques y de los obstáculos a la cobertura de la guerra y hacer públicos esos actos "susceptibles de constituir crímenes de guerra".
Además, subrayan que en Rusia la invasión ha ido acompañada de "una represión brutal contra el periodismo independiente" y recuerdan que las autoridades impusieron "una censura total de la cobertura de la guerra", calificada oficialmente de "operación militar especial".
La consecuencia es que "los últimos medios independientes están prohibidos, han quebrado o se han ido del país" y cientos de periodistas rusos han decidido exiliarse.
Aludiendo a informaciones de la BBC en noviembre, los autores del informe indican que en los seis primeros meses del conflicto cerca de 7.000 páginas web fueron bloqueadas en Rusia, sobre todo los de grandes medios independientes y de organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE