Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, anunció este martes que el Pleno de ese organismo se reunirá como un solo cuerpo para responder al allanamiento realizado por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (PEPCA).
Asimismo, el funcionario desmintió que la Cámara de Cuentas se haya negado a entregar las auditorías realizadas, un total de 161 en los últimos cuatro años, y que 25 de estas se encuentran en manos del PEPCA. También aseguró que está listo para defender su honorabilidad
Álvarez dijo además que las pesquisas realizadas por las autoridades este lunes afectaron las funciones de la entidad, porque se llevaron varias computadoras y documentaciones importantes.
Este lunes el Ministerio Público allanó toda la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, a cuyos directivos investiga, junto a varios funcionarios, por varios delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.
Como parte de la denominada Operación Caracol puesta en marcha hace varios meses por la PEPCA y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Álvarez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
El operativo del Ministerio Público se encamina dentro de las acciones que desarrolla la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito en la lucha contra la corrupción administrativa.
El propio Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Pepca, encabezó el allanamiento en el edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, que acoge a la Cámara de Cuentas en la avenida 27 de Febrero, esquina Abreu, en Santo Domingo. Mientras, la responsable de la Dirección de General de Persecución, Yeni Berenice, y un amplio equipo de fiscales realizan diversas acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el Ministerio Público en el organismo fiscalizador.