La policía española investiga en la República Dominicana posibles vínculos en el marco del caso Koldo, una trama de corrupción que involucra a varios altos funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez.
El caso ha afectado a ministros y otras figuras clave de la administración española, lo que ha generado atención internacional sobre la posible conexión de actividades ilícitas entre España y la República Dominicana.
La investigación, centrada en las conexiones económicas de la trama, busca esclarecer los lazos de la corrupción con el país caribeño, aunque no han hecho solicitudes formales.
Como parte de la investigación sobre el caso Koldo, un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España llegó a la República Dominicana a principios de este mes de diciembre para rastrear posibles conexiones económicas de la trama de corrupción.
A pesar de que varios medios españoles informan que los agentes están establecidos en el país desde hace un mes, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana no ha recibido solicitudes formales de información bancaria relacionadas con el caso.
El periódico El Mundo informó que la llegada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la República Dominicana está vinculada a las conclusiones de los investigadores que apuntan a que la trama corrupta también movía dinero en efectivo desde el país caribeño.
Según el artículo, los agentes españoles han enfrentado obstáculos por parte de las entidades bancarias locales que, presuntamente, gestionan grandes sumas de dinero relacionadas con la organización, dificultando el avance de la investigación.
La República Dominicana juega un papel clave en la trama liderada por Víctor de Aldama, según informes de The Objective.
A través de varios testaferros, la organización habría blanqueado el dinero obtenido de las comisiones por contratos adjudicados en España, principalmente durante la pandemia.
La red no solo se dedicaba a la distribución de fármacos y material sanitario, sino que también tenía involucradas constructoras y sociedades para realizar transacciones inmobiliarias, facilitando la canalización de grandes sumas de dinero ilícito.