Proconsumidor alerta a operadores de Worldcoin sobre posible arresto por desacato

Alcántara advirtió que, si la empresa reinicia sus actividades mientras está suspendida, Proconsumidor retirará sus equipos y recurrirá al Ministerio Público para detener a quienes operen al margen de las disposiciones legales.

El director general del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Eddy Alcántara, reiteró este miércoles que la empresa Worldcoin tiene suspendidas sus operaciones en la República Dominicana debido a que los contratos de adhesión utilizados para recopilar datos biométricos contienen "cláusulas abusivas" que afectan a los usuarios.

Alcántara advirtió que, si la empresa reinicia sus actividades mientras está suspendida, Proconsumidor retirará sus equipos y recurrirá al Ministerio Público para detener a quienes operen al margen de las disposiciones legales.

"Proconsumidor advierte que operar bajo estas circunstancias implica el riesgo de ser apresados por desacato", señaló Alcántara en declaraciones a Diario Libre.

Prohibición temporal y medida cautelar

Worldcoin enfrenta una prohibición temporal desde la semana pasada, cuando se inició un proceso sancionador en su contra. A pesar de esto, los representantes de la compañía aseguran que una medida cautelar permite continuar las operaciones, algo que Proconsumidor desmiente.

Según Alcántara, la medida cautelar, cuyo conocimiento fue pospuesto para el próximo 10 de enero, no anula la sanción ni la suspensión impuesta, ya que esta sigue vigente. "El proceso sancionador está en curso y la notificación fue entregada la semana pasada. Iniciar operaciones ahora sería una violación directa", puntualizó.

Resolución y respaldo legal

Proconsumidor destacó que la resolución 2058-24, emitida el 12 de diciembre, exige la suspensión de Worldcoin, y cualquier incumplimiento será enfrentado con las herramientas legales y la fuerza pública disponibles bajo la Ley 358-05 de Protección al Consumidor y Usuario.

Además, Alcántara recordó que la Junta Central Electoral es la única entidad autorizada en el país para gestionar y almacenar datos biométricos, lo que refuerza la prohibición de actividades similares por parte de otras organizaciones.