El Ministerio Público reveló que fueron encontradas en la empresa Vidal Plast unas 10 cajas de peróxidos Orgánico, químico que habría ocasionado la explosión del pasado 14 de agosto en el del antiguo mercado San Cristóbal.
Este componente conocido como AUTOFINA-LUPOROX A 70 S (Peróxido Orgánico), se utiliza generalmente en las industrias del plástico y caucho para la fabricación y modificación de polímeros, los cuales se usan para materiales de películas, envases de alimentos, cartones de huevos, revestimientos de vinilo, con el fin de mejorar o añadir características deseables, como la estabilidad térmica.
Sin embargo, su mal uso o ubicación puede terminar en una tragedia, debido a que los peróxidos orgánicos necesitan almacenarse en grados fríos ante sus formulaciones térmicamente inestables, ya que reaccionan espontáneamente cuando se exponen a ciertas temperaturas.
Los peróxidos orgánicos se utilizan para la creación de materiales reticulados. Al descomponerse, se forman radicales libres, útiles, y reactivos. Estos radicales se emplean para formar piezas, como tapas para frascos de alimentos y cosméticos.
Acusación
En la solicitud de coerción del Ministerio Público en contra de los propietarios de la empresa Vidal Plast, se indicó que este material inflamable estaba almacenado sin ningún tipo de cuidado ni adecuada ventilación adecuada para cumplir con los estándares establecidos para el almacenamiento de este tipo de químicos.
»Se generó una explosión, la cual estuvo seguida por varias deflagraciones generadoras de ondas expansivas. Estas afectaron las edificaciones y vehículos del entorno, generando también gran cantidad de energía calorífica (calor) que alcanzó las propiedades que resultaron incendiadas. Lo anterior indica claramente la gran cantidad de gases combustibles que estaban acumulados en dicho lugar”, señala el documento.
Las autoridades solicitaron un año de prisión preventiva contra Edward Armando Vidal Garrido. Para las otras imputadas (Maribel Sandoval Almánzar, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval) pidió el pago de una garantía económica por un millón de pesos mediante una compañía aseguradora, la prohibición de salir sin autorización del país y la obligación de presentarse los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público investigador.
