República Dominicana, Costa Rica y Ecuador calificaron de arbitraria e ilegal la decisión de parte del Gobierno nicaragüense de quitarle la nacionalidad a 135 excarcelados políticos que se encuentran actualmente en Guatemala y quienes pidieron que se restaure sus derechos civiles.
En un comunicado de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, los tres países, integrantes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, subrayan que, de acuerdo con el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, «toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie debe ser privado arbitrariamente de esta».
La Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución en la que ordenó «la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional», según se informó el pasado 10 de septiembre.
Los Gobiernos de esos tres países hacen referencia así a los 135 excarcelados que salieron de Nicaragua el 5 de septiembre y se encuentran actualmente en Guatemala
Estos 135 apátridas se suman a los 317 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, a los que las autoridades retiraron su nacionalidad en febrero de 2023.
De igual forma, las tres naciones integrantes de la Alianza, hacen un llamado a Nicaragua para que puedan restablecer los derechos de sus ciudadanos expatriados, a quienes despojaron de «la nacionalidad y de sus derechos ciudadanos, incluyendo la confiscación de sus bienes». indicó el comunicado
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria». EFE