Santo Domingo.- El coordinador del programa El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, afirmó este lunes que la República Dominicana debe poner en pausa las convenciones internacionales que compromete al país con la aprobación del proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, al igual que cualquier otro acuerdo de este tipo.
Dijo que la República Dominicana en el tema migratorio confronta una situación que ningún otro país en el mundo tiene y eso debe producir una posición de esta nación que esté en consonancia con lo que hacen los otros Estados, porque las relaciones internacionales no son más que "la hipocresía de los intereses".
Sostuvo que los intereses de República Dominicana están muy en juego con varias convenciones que suscribió el Estado sin avizorar lo que eso representaban para el país, ya que se trata de compromisos que representan una cuchilla en la garganta.
El comunicador criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene mucha "poesía" sobre la soberanía e igualdad entre los países, pero de democracia no tiene nada, porque en el funcionamiento es una enmascarada.
Precisó que esas convenciones de organismo internacionales solo se aplican a los países pequeños, pero también tienen el derecho a detener eso. Asimismo, acusó a Estados Unidos y a la comunidad internacional de no interesarles una solución a la crisis que vive Haití, pero que el único subterfugio que ven es que la República Dominicana se haga cargo del problema.
Martínez Pozo declaró que el citado proyecto de ley para acogida de inmigrantes ilegales no está concebido para que funcione, sino para que colapse este país.
"Ustedes no nos van a joder a nosotros, porque no han movido una paja para auxiliar ese pobre país, no quieren hacer nada y todo lo que conciben es para traer el problema para acá", enfatizó.
Actualmente, el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que cursa en el Senado de la República será retirado por parte del Poder Ejecutivo, pero sería reintroducido después de 45 días, de lograr un mayor consenso público necesario.