Santo Domingo.- El coordindor de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, reveló que estarían ofreciendo 50 y 60 millones para que dejen el cargo en superintendencias quienes deben estar por ley hasta 2021, 2022 y 2023 para designar a los quieren ocuparlas en el gobierno del electo presidente Luis Abinader.
Expresó en su comentario del viernes que se está dando un conflicto por lo menos en cinco instituciones que pone en entredicho la transparencia e institucionalidad que pregona el gobierno que encabezará el presidente electo, Luis Abinader, del PRM.
Indicó que las acciones que se llevan a cabo de entrada vulneran la institucionalidad.
El periodista Julio Martínez Pozo expresó que la situación crea problemas a instituciones que han gando credibilidad, y que hasta ahora han sido respetados sus procedimientos.
Manifestó que el gobierno que presidirá Luis Abinader tiene interés en por lo menos cinco superintendencias cuyo período no concluye el 16 de agosto, para que quienes las ocupan las abandonen.
Martínez Pozo precisó que las responsabilidades de esas superintendencias están regidas por leyes y también por normas especiales para los funcionarios.
Explicó que no tiene esa limitación la Superintendencia de Seguros donde está Euclídes Gutiérrez Félix, por lo que se puede nombrar el sustituto sin obstáculo de ley.
Precisó que sí hay problemas en la Superintendencia de Valores porque el período de Gabriel Castro concluye en el 2022, y que además por ley tiene un sabático hasta 2023.
Especificó que asimismo ese sabático es pagado, que está establecido por la ley.
Señaló también el caso de la Superintendencia de Pensiones cuyo período de su incumbente, Ramón Contreras, termina en septiembre de 2022.
Manifestó que asimismo está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laboralesl (Sisalril), donde está Pedro Luis Castellanos, que concluye en 2023.
Indicó que asimismo figura Procompetencia donde está Yolanda Martínez, que termina en el 2021.
Dijo que también está Competitividad donde está Zoraima Cuello, que responde a procedimientos especiales, porque está atada a unos programas del PNUD que promueven la eficiencia del Estado.
El periodista Julio Martínez Pozo sostuvo que se diría que eso se puede resolver de varias formas, siendo una de ellas lo que hizo Chanel Rosa Chupany que renunció como director del Servicio Nacional de Salud (SNS) a partir del 16 de agosto, lo que deben hacer los demás funcionarios de las superintendencias.
Martínez Pozo entiende que todos los casos no son los mismos porque en los demás hay quen serie de conquistas, y que también tienen un compromiso institucional.
“Qué ha pasado, y esto lo quiere evidenciar, no quiere decir denunciar, voy a decir revelar: Que a esas personas mediante algún tipo de intermediación se le ha planteado compensarla para que renuncie; es decir alguien le ha propuesto, y si lo ha propuesta es una gente que entiende, no se si está actuando por su cuente, pero entiende la facultad para hacer esa propuesta. A varias de esas personas les propuesto que renuncien a cambio de compensarla por el tiempo que le queda en la institución, hacerle el pago por adelantado que le queda en la institución, pero además le han ofertado una pernsión con el 80% de sus ingresos; es decir que le están ofertando a cada una de esas personas entre 50 y 60 millones de pesos para que abandone, para que renuncie de estas superintendencias, y entonces se puedan hacer las designaciones que la nueva administración le interesa que estén allí”, reveló.
Martínez Pozo sostuvo que los que dirigen esas superintendencias entienden que eso vulnera la institucionalidad.
Expresó que algo más grave aún es que los que han hecho las ofertas, han hablado con empresarios vinculados con las regulaciones de esas instituciones y les planteados que son los titulares de esas superintendencias que han propuesto renunciar a cambio de ser compensados.
Consideró que eso sería escandaloso debido a que paguen dos años a una persona que no ha trabajado, además del 80% de su pensión.
El periodista Julio Martínez Pozo entiende que eso es un golpe institucional porque eso lo respetaron en los gobiernos del presidente Leonel Fernández y Danilo Medina.
Expresó que está seguro que el presidente electo Luis Abinader no conoce de esa oferta.
Resaltó que hay que mantenerse vigilante sobre la revelación que hace porque es un duro golpe para el país, y que no son las instituciones sino sus regulaciones.