Revelan cargos de corrupción contra directivos de Fedopem

Con el depósito de estas acusaciones, el Ministerio Público espera que el tribunal avance en la medida de coerción y en la declaratoria de complejidad del proceso, lo que permitirá un análisis exhaustivo de los elementos probatorios presentados.

Ministerio Público detalló las acusaciones formales contra Freddy Núñez y Evaristo Ozoria Rodríguez, quienes ocupan los cargos de presidente y tesorero de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem). Ambos enfrentaron graves cargos por presunta corrupción dentro de la entidad deportiva.

Los directivos fueron acusados de asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos y lavado de activos. Estos delitos generaron una extensa investigación liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Las imputaciones se fundamentaron en investigaciones que revelaron indicios de posible malversación de fondos públicos destinados al deporte. Se identificó el uso de documentos falsos y esquemas financieros que permitieron a los acusados obtener beneficios personales a costa del Estado.

El Ministerio Público destacó que este caso afecta no solo a la Fedopem, sino también a la integridad de los recursos dedicados al deporte en la República Dominicana.

Las autoridades llevaron a cabo allanamientos en propiedades ubicadas en el Distrito Nacional, en María Trinidad Sánchez y en las instalaciones de la Fedopem en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Durante estas operaciones, se incautaron de documentos que sustentan las acusaciones formuladas.

Los cargos abarcaron violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano. Esto incluyó el artículo 146 de la Constitución, que proscribe la corrupción, así como los artículos 265 y 266, que penalizan la asociación de malhechores. Además, se incluyeron artículos relacionados con desfalco y estafa, delitos que conllevan penas de reclusión mayor.

El Ministerio Público sostuvo que los acusados incurrieron en una violación directa a la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al utilizar fondos de procedencia ilícita en perjuicio del Estado dominicano.

Con el depósito de estas acusaciones, el Ministerio Público espera que el tribunal avance en la medida de coerción y en la declaratoria de complejidad del proceso, lo que permitirá un análisis exhaustivo de los elementos probatorios presentados.