Santo Domingo.- La abogada y vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Rosalia Sosa, afirmó este viernes que con el caso del "peaje sombra" se debe sentar un precedente en el país y todos los involucrados en esa contratación tienen que responder a la sociedad, ya que por el mal ejercicio de la función pública hay responsabilidad civil y penal.
Dijo esa negociación entre el Estado y la empresa concesionaria de la autopista a Samaná que inició en el 2001 y que permanece en la actualidad no hubo el marco jurídico e institucional adecuado, porque la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas no existía en ese momento.
Manifestó que las proyecciones del flujo vehicular del cual la empresa iba a cobrar su inversión partieron de una premisa falsa y por eso las conclusiones son erradas, pero lo lamentable es que ese riesgo se le traspasó al Estado dominicano.
En una entrevista en el programa Rumbo de la Mañana, del Grupo RCC Media, Rosalia Sosa reconoce que se trata de un documento legal el acuerdo, pero entiende que "todos esos malos pasos que ha dado la administración pública, incluyo ahí el congreso de la nación, lo que afecta es la seguridad jurídica, porque para las inversiones lo que van a decir es que en la República Dominicana no hay seguridad jurídica".
Sosa indicó además que independientemente del acuerdo el Estado dominicano tiene que llegar a algún tipo de negociación con los concesionarios.
Según el presidente Luis Abinader el referido peaje le está costando al Estado dominicano 26,835 millones de pesos como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria.
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