El senador por Barahona, José del Castillo Saviñón, reveló este martes que además del tema migratorio, en el expediente que sanciona la azúcar dominicana en Estados Unidos, existen otros intereses que buscan afectar el país.
Precisó en el Sol de la Mñana del grupo RCC Media, que sectores azucareros de Brasil y Australia están interesados en que la cuota azucarera de República Dominicana en Estados Unidos le sea asignada a esos países.
Además, dijo que los productores de dulces norteamericanos quieren eliminar el sistema de cuotas para acceder al mercado mundial porque entiende que le sale más barata la materia prima. Estos dos puntos se suman a las presiones migratorias contra esta nación por la situación geopolítica con Haití.
El pasado mes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos paralizó la exportación de la azúcar producida en la República Dominicana por el Central Romana Corporation Limited por supuestas violaciones de trabajo forzoso en sus operaciones.
El congresista explicó que, ante la situación generada por esta sanción, el principal riesgo para el país es perder la cuota azucarera que suple del 60% a los Estados Unidos, ya que la empresa Central Romana es el mayor empleador del sector privado en la República Dominicana, con una cantidad de trabajadores que ronda los 20 mil, entre nacionales y extranjeros.
“Esto implicaría para la República Dominicana un impacto en la tercera exportación agrícola de la que viven cerca de 11 provincias y que representa 140 y tantos millones de dólares al año”, enfatizó el legislador.
Declaró, que la sanción afecta la imagen del país y para eso los senadores han conformado una comisión para hacer un levantamiento en los ingenios y comprobar la realidad que se vive en los bateyes, y si ciertamente hay trabajo forzoso e infantil, los cuales a su juicio son situaciones superadas.
La empresa Central Romana es de inversión norteamericana y debe cumplir con normas que se exigen en esa nación.
Asimismo, el senador agregó que se deben enfrentar esa acusación racista a la República Dominicana y que maltrata a los haitianos, igualmente, culpó al gobierno de haber fallado al no poder resolver el tema de la documentación de los trabajadores temporeros, lo que está establecido por la ley.