Santo Domingo.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, acusó este jueves a los poderes Legislativo y Ejecutivo de aliarse para mantener en estado de esclavitud al poder Judicial, desde el punto de vista financiero, lo que afecta su autonomía.
Calificó de absurdo de que en país se hable de independencia del sector justicia y del planteamiento de reforma constitucional, mientras no se muestra ninguna preocupación por el respeto a la independencia financiera de ese poder del Estado.
Reveló que desde el 2005 a la fecha se han desviado unos RD$200 mil millones que debieron entrar al sistema judicial si se cumpliera con las leyes 46-97 que plantea una asignación presupuestaria especial y la 194-09 sobre la autonomía presupuestaria y administrativa del Ministerio Público.
Surun Hernández habló en una entrevista en el programa radial Rumbo de la Mañana, del Grupo RCC Media, donde dijo que por esa situación que él denuncia ocurrió una acción vergonzosa recientemente cuando la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, le solicitó al Poder Ejecutivo que le adjudique en el presupuesto complementario una suma adicional de recursos económicos.
"Eso de por sí es algo que atenta contra la independencia e institucionalidad y la tutela judicial de que son merecedores los ciudadanos dominicanos. Eso es en cuanto al respeto a ese dinero", precisó el profesional del Derecho.
Sobre el incumplimiento con la entrega de recursos al Poder Judicial, para el próximo martes será el conocimiento de una audiencia de amparo de cumplimiento, donde fueron sometidos el presidente de la República, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados; además a los directores de Presupuesto y de la Contraloría; entre otras entidades, para que expliquen y se resuelva el citado problema.
"En esto hay una especie de complicidad. Si a mí me corresponde una determinada cantidad, el presupuesto que yo someta tiene que ser sobre la base de esa cantidad. El simple hecho que ni el Poder Judicial ni la Procuraduría les exijan a los demás poderes que respeten sus recursos es ya implica una situación de dependencia y de acomodo respeto a una situación anómala", agregó.
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