El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, declaró este jueves que sostiene su acusación contra el ministerio de Obras Públicas por "supuesta" sobrevaluación en la construcción del segundo tramo de la Autopista de San Isidro.
"Totalmente seguro de mi denuncia de que eso se abultó para alterar el presupuesto de la obra", manifestó Surún tras denunciar que se cambió el plano inicial de la obra para abultar el presupuesto de la misma.
Enfatizó que para abultar el presupuesto, el ministerio de Obras Públicas recurrió a desechar el diseño original e inventarse una vía marginal y un muro que aísla una margen de la autopista de San Isidro de la otra, lo que, a su entender, está llevando a la ruina a los comerciantes de la zona.
Al ser entrevistado vía telefónica en el programa El sol de la Mañana del Grupo RCC Media, el presidente del Colegio de Abogados aseguró que la construcción están cerrando las entradas de calles tan importantes como la entrada principal a Prados Oriental, lo que está matando el potencial económico de la zona.
Informó que solicitó a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública los planos de la obra y, que , se negaron a entregarlos, situación que le llevó a presentar la demanda ante el PEPCA.
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Surún manifestó que como abogado se auxilia de peritos que les asesoran sobre el tema de la construcción, pero, sin embargo, las leyes consagran que las mismas tienen que realizarse y diseñarse en armonía con los intereses de las áreas con las que pactan.
"No se puede cambiar una obra destruyendo el potencial de los negocios", enfatizó el jurista.
Aclaró que se vi en la necesidad de acudir Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), debido a la negativa de entregar los documentos solicitados sobre la obra en curso.
Surún reveló que "supuestamente" a lo interno de Obras Pública que no hubo licitación en violación a la ley 340-06 y, que, los plano originales fueron transformados, por lo que, a su entender, eso reúne los elemento de una coalición de funcionarios.
Denunció que durante el proceso beneficiaron "grado a grado" una empresa "supuestamente" a nombre de Rafael Pérez Guzmán, quien aparece fotografiado en la campaña del partido oficialista.
"Han destruido la vida de toda una sociedad por beneficial a un compañero del partido y eso es prevaricación, eso es robo", concluyó Surún.