En enero, la legislatura estatal de Texas discutirá un proyecto de ley que busca clasificar la mifepristona y el misoprostol, medicamentos utilizados para abortos tempranos, como sustancias controladas, lo que endurecería su regulación y acceso.
El legislador republicano Pat Curry propuso esta medida, que equipararía las píldoras con drogas sujetas a estrictos controles por su potencial adictivo.
Actualmente, Texas ya cuenta con una de las leyes antiaborto más severas del país, prohibiendo el procedimiento después de seis semanas de gestación.
La iniciativa surge en un contexto de restricciones reforzadas tras la decisión de la Corte Suprema en 2022, que revocó la protección federal al aborto garantizada por Roe vs. Wade.
La mifepristona y el misoprostol no se usan solo para interrumpir un embarazo de manera voluntaria, sino que también son esenciales para manejar los abortos espontáneos.
A su vez, el misoprostol es usado para inducir un parto y como tratamiento para detener hemorragias después de un parto.
La legislatura estatal entra en sesión a mediados de enero de 2025 y este proyecto de ley pasará a ser estudiado entonces en el hemiciclo.
En Luisiana, un estado fronterizo con Texas y que también está gobernado por el Partido Republicano, el Congreso estatal aprobó una ley similar, provocando una avalancha de críticas por parte de los profesionales sanitarios.
Un grupo de doctores y activistas presentaron una demanda contra la reclasificación de las píldoras, asegurando que pone en riesgo la vida de las personas que las necesitan para diferentes tratamientos.
Desde que el Supremo, de mayoría conservadora, eliminara la protección existente desde 1973, decenas de estados han elaborado legislaciones restrictivas: en 14 es imposible abortar o el límite son seis semanas, y en otros siete se han puesto impedimentos y bajado plazos.
En la mayoría de esos 21 no hay excepciones ni por violación ni por incesto y solo se puede cuando la vida de la madre está en peligro, una situación que preocupa a los médicos, quienes pueden enfrentarse a penas de hasta 99 años de prisión por practicar un aborto.