Tribunal Superior Administrativo rechaza resolución interpuesta por Transcore Latam

El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, informó que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la resolución interpuesta por la empresa Transcore Latam, considerando que no fueron probados los méritos para adoptar una medida cautelar contra la resolución de la entidad.

Mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, Pimentel dijo: “El pasado 14 de diciembre fue conocida la audiencia relativa a la solicitud de medida cautelar de la empresa, pretendiendo la suspensión de nuestra resolución y, por tanto, la continuación del contrato, a lo cual la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo respondió con el rechazo de todas sus pretensiones, de acuerdo con la Sentencia 0030-01-2023-SSMC-00127 que hemos recibido recientemente”.

Se recuerda que la DGCP suspendió el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la entidad “Transcore LATAM, S.R.L” para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997.

Intrant

La decisión fue tomada mediante la resolución RIC-156-2023 por supuestas irregularidades halladas en el proceso de licitación pública llevado a cabo por el Intrant.

La institución detalló que tras analizar los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001 que consta en el Portal Transaccional y verificar los documentos recopilados con ocasión de los reclamos y denuncias presentados ante el órgano rector, se constató la existencia de los tres elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.

Asimismo, en la licitación para la modernización, ampliación supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, se encontraron graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, como indicios de falsificación de documentos y composición accionaria difusa.

Ante estas irregularidades encontradas, Pimentel indicó que se anuló el referido contrato.