El Tribunal Superior Administrativo (TSA) de la República Dominicana respaldó la resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que suspendió el contrato adjudicado a Transcore Latam, S.R.L. en el marco de la licitación pública organizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La empresa afectada había presentado un recurso ante el TSA el pasado 21 de noviembre de 2023, cuestionando la resolución RIC-156-2023, que suspendió el contrato No. DJ-CBS-009-2023 vinculado a la Licitación Pública Nacional No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
Transcore Latam argumentó que la medida carecía de respaldo legal y vulneraba sus derechos constitucionales. Sin embargo, la DGCP defendió su decisión, indicando que actuó conforme a la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas, que le otorga facultades para tomar medidas cautelares ante dudas sobre la legalidad de un contrato.
La suspensión del contrato surgió tras denuncias presentadas por empresas competidoras, como ESC Group, S.R.L., que señalaron presuntas irregularidades en el proceso de licitación. Entre las acusaciones figuran:
Según la DGCP, estas medidas se adoptaron para proteger el interés general del Estado mientras se investigan las denuncias.
El TSA validó la suspensión provisional del contrato, indicando que la DGCP actuó dentro de sus competencias legales. La decisión permite que las investigaciones continúen sin que la medida implique un juicio definitivo sobre la legalidad del contrato.
El tribunal subrayó que la suspensión es temporal y busca garantizar que todas las partes involucradas puedan presentar sus argumentos y defenderse de las acusaciones.
Las indagaciones revelaron presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato a Transcore Latam. Según el Ministerio Público:
El 11 de noviembre, el exdirector del Intrant, Hugo Beras, junto a Jochi Gómez y Pedro Padovani, fueron liberados tras cumplir un mes y diez días en prisión preventiva. Como parte de las condiciones de su libertad, se les impuso:
La investigación sigue su curso, con el objetivo de esclarecer posibles casos de corrupción administrativa y proteger los recursos públicos del país.