La Unión de Escritores Dominicanos (UED) llamó la atención de los legisladores en torno al Proyecto de Ley de Modernización Fiscal sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo y afirmó que de ser aprobado tal como fue presentado tendrá un efecto perjudicial en el sector cultural.
El gremio de escritores sostuvo que la propuesta de derogar varios artículos claves de la Ley de Mecenazgo eliminaría toda posibilidad de que el sector privado aporte recursos para que se ejecuten proyectos e iniciativas culturales.
«En la propuesta el Gobierno propone la derogación de varias disposiciones de la Ley núm. 340-19, mediante la cual se establece el Régimen de Incentivo y Fomento del Mecenazgo en la República Dominicana. Las derogaciones serían las siguientes: a) El numeral 5 del artículo 6; y b) Los artículos 33, 34, 47 y 50. También dispone la derogación del artículo 22, que reza en la actualidad: 'Todo proyecto artístico o cultural que a criterio del Consejo de Mecenazgo (CONME) responda a las necesidades del desarrollo cultural dominicano, tanto nacional, regional o local, en las áreas y categorías establecidas en el artículo 17, será declarado de interés cultural, y accederán a las donaciones, patrocinios e incentivos fiscales establecidos en esta ley’», explicó.
Igualmente, la UED pidió que se ponderen las modificaciones que se aplicarían a la Ley de Cine, en vista de que se trata de una industria que todavía es incipiente, y que aún necesita más tiempo y apoyo para desarrollarse como un renglón importante de la economía naranja en la República Dominicana.
La Unión de Escritores Dominicanos pidió que a los legisladores que evalúen todas las propuestas contenidas en el proyecto de reforma fiscal que tendrían algún tipo de repercusión en los campos editoriales, educativos y culturales, en vista de que es conocido que el Estado dominicano tiene una deuda histórica pendiente con estos sectores y es necesario que se modifique la pobre visión que prevalece sobre la gestión de la cultura en el país.
También exhortó al Gobierno a que escuche los sectores que se perjudicarán con la aprobación de la propuesta legislativa.