Santo Domingo, (EFE).- Una carta firmada por cerca de 600 activistas y representantes de organizaciones sociales dominicanas y extranjeras fue entregada este martes a la Cancillería de República Dominicana para expresar su rechazo al endurecimiento de las medidas migratorias contra los haitianos.
El documento titulado "¡Las vidas haitianas importan!" condena la deportación de mujeres embarazadas haitianas, que fueron capturadas en las inmediaciones de hospitales dominicanos en las últimas semanas.
"Negar el acceso a la salud, la educación y a los más básicos derechos laborales en base a criterios raciales, como lo está haciendo el Gobierno dominicano, es una atrocidad que no debe continuar. Afirmamos que las vidas negras y las vidas haitianas importan en República Dominicana", plantea el documento.
También rechaza otras medidas anunciadas por el Gobierno dominicano en los últimos dos meses, entre ellas la suspensión del programa especial de visados concedidos a estudiantes universitarios haitianos.
Del mismo modo, exige que se restituya la nacionalidad dominicana a las personas de ascendencia haitiana nacidas en este país, a las que despojaron de su ciudadanía en virtud de una sentencia judicial adoptada en 2013 y que, de forma polémica, se aplicó de forma retroactiva hasta 1929.
Los firmantes de la carta rechazan además el discurso y las medidas del Gobierno dominicano "que estigmatizan a la comunidad inmigrante y violan sus derechos humanos".
Entre otros puntos, repudian el proyecto de construir un muro a lo largo de la frontera entre República Dominicana y Haití, un proyecto anunciado el pasado febrero por el presidente Luis Abinader.
El documento está firmado por activistas, políticos, pensadores y representantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales y grupos antirracistas procedentes de 28 países, en su mayoría de América, además de otros continentes.
Desde finales de septiembre, el Gobierno dominicano ha tomado una serie de medidas contra los inmigrantes haitianos, en el contexto de la grave crisis sociopolítica y la ola de violencia que atraviesa el país vecino.
El Gobierno dominicano justifica la deportación de mujeres embarazadas por el alto coste económico que supone brindar atención médica a esas inmigrantes, que suponen el 30 % de los partos en los hospitales públicos del país.