Santo Domingo, (EFE).- Unos 6,500 ciudadanos venezolanos están en situación de solicitar la residencia en República Dominicana tras haber pasado las dos primeras fases del plan de regularización migratoria del Gobierno que comenzó en abril pasado y al que se acogieron 43,000 personas de esa nacionalidad.
La Dirección General de Migración (DGM) informó este viernes del inicio de la tercera fase del plan de Normalización de Venezolanos que residen en el país, que permite al ciudadano solicitar la residencia, después de haber pasado por dos etapas previas.
En primer lugar, solicitar la prórroga por 60 días de la estadía en el país, ya que en la mayoría de los casos era de turista y estaba vencida, explicó a Efe el responsable del Plan, Pedro Peralta.
Una vez otorgada la extensión de la estadía, se pasa a la segunda fase, que es solicitar un visado, documento con el que ya cuentan unos 6,500 venezolanos de los 43,000 que iniciaron el proceso hace seis meses, indicó Peralta.
En este sentido, el encargado del Plan destacó que esta segunda etapa se encuentra aún en desarrollo, al igual que la primera, aunque ya de forma residual, dado que el número de expedientes es muy abultado, y continuarán avanzando de forma simultánea con la tercera fase.
Este último ciclo permitirá a los aspirantes aportar en línea, en el portal de la DGM, los requisitos para obtener la residencia, como una declaración jurada de ingresos, póliza de seguros y, en el caso de los estudiantes, un certificado médico y un justificante de su ingreso en un centro de enseñanza.
Esos documentos digitales se deberán someter posteriormente de manera presencial en las ventanillas habilitadas a tal efecto, donde el solicitante deberá abonar una tasa única de mil pesos y esperar a ser convocado a una última cita donde se realizará una biometría tras la cual obtendrá el carné de residente, explicó Peralta.
Según cálculos de la DGM, un 89.7 % de los 114,500 venezolanos que residían en el país tenía un estatus migratorio irregular, circunstancia llevó al Gobierno a tomar la decisión de prorrogar temporalmente la permanencia en territorio nacional de los no regularizados para iniciar el proceso de normalización.