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SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público se mostró confiado este viernes en que Juan Alexis Medina Sánchez irá a juicio y será condenado por los hechos de corrupción administrativa que se le imputan en el Caso Antipulpo.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que la defensa no ha presentado ninguna prueba que pueda controvertir las pruebas del Ministerio Público.
Ortiz se refirió a los alegatos de la defensa de Alexis Medina al responder preguntas de la prensa luego de concluida este viernes la audiencia preliminar que se conoce en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“Realmente, las conclusiones y los argumentos de las defensas de Juan Alexis Medina nos han sorprendido, y nos han sorprendido porque se quedaron en las generalidades”, expresó Ortiz.
“Nos quedamos todos a la espera de las grandes conclusiones, de las grandes pruebas, de los grandes argumentos que por su parte iban a destruir la acusación del Ministerio Público; sin embargo, lo que hemos visto es lejos de esto, no han presentado ninguna prueba que pueda controvertir las pruebas del Ministerio Público”, añadió.
La procuradora de corte insistió en que “todo lo que aportaron fueron generalidades de la acusación y los grandes temas como el pago de sobornos en la UERS (Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana) ni siquiera fueron tocados por su defensa por lo que, indiscutiblemente, nos veremos en juicio donde será condenado”.
El equipo del Ministerio Público estuvo encabezado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el procurador adjunto Wilson Camacho, e integrado por Mirna Ortiz, Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y José Miguel Marmolejos.
El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la audiencia para este lunes 16 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana.
Los días miércoles 18 y jueves 19 de enero la audiencia se celebrará a partir de las 2:00 de la tarde y el viernes 20 de enero a las 9:00 de la mañana.
Por razones de espacio la audiencia fue realizada en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.