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El Senado chileno aprobó el miércoles el proyecto de retiro de 10 % de los fondos acumulados de capitalización individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como medida ante la crisis generada por el coronavirus.
Luego de 10 horas de debate, la propuesta fue aprobada con 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención, recoge la página del Senado.
Este jueves, el proyecto retornará a la Cámara de Diputados, donde ya obtuvo el visto bueno la semana pasada, para la revisión y análisis de las adiciones y enmiendas hechas por las comisiones del Senado. De ser aprobado, será enviado al presidente Sebastián Piñera para su promulgación; de no ser así, deberá ir a la comisión mixta para discutir las diferencias. El mandatario puede vetar esta la ley.
¿Qué se aprobó?
Retiro voluntario y por una sola vez de 10% de los fondos de capitalización obligatoria.
El retiro máximo es de 5.604 dólares y el mínimo de unos 1.300 dólares. Si el monto es menor, se podrá retirar lo que hay acumulado.
Los fondos se consideran intangibles para efecto legal y no serán susceptibles a retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo, o cualquier forma de afectación judicial o administrativa.
Los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP.
Los recursos retirados se transferirán a una cuenta bancaria, a una institución financiera o a una caja de compensación y se abonará hasta en dos cuotas.
La mitad del dinero se entregará en los próximos diez días, como máximo, tras la solicitud, y la segunda parte se abonará en los 30 días siguientes.
Esta solicitud de retiro no tendrá costo.
El retiro se podrá hacer hasta después de un año de publicada la reforma constitucional, a través de plataformas digitales o telefónicas, y de manera presencial.
Cinco de la derecha a favor
Esta decisión ha sido tildada como "un nuevo fracaso" para Piñera, que se manifestó en contra del proyecto de ley y que tuvo diferencias con sus aliados políticos por este motivo. Así, cinco senadores de la coalición oficialista Chile Vamos votaron a favor de la medida, mientras que un representante de Renovación Nacional, frente aliado del Ejecutivo, se abstuvo.
El punto de mayor interés mediático del debate fue el discurso de los cinco senadores derechistas del bloque de Chile Vamos, que justificaron su polémica decisión.
"Soy derecho y de derecha. Esta es una mala idea y debería ser el Estado el que cubra sus necesidades, pero también dije que lo apoyaría si no quedaba otra alternativa", dijo Iván Moreira de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Mientras que Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, expresó: "Hoy voto por el Chile real. Mi voto es predecible cuando se trata de estar con los más desvalidos. Basta de tratar de traidores a quienes hemos sido consecuentes".
Oposición y oficialismo
Mientras que entre los 13 parlamentarios que votaron en contra, se manifestó la senadora de la UDI, Ena Von Baer, quien afirmó que quería citar al presidente Salvador Allende "para demostrar que se comete un error". "Todos los que votan hoy a favor de esta ley, espero que recuerden que han dañado profundamente la democracia", sostuvo.
Por otro lado, la oposición tuvo 24 votos de los partidos Comunista, Socialista, Progresista, Por la Democracia y Revolución Democrática y otras organizaciones.
Durante su intervención, el socialista Alfonso De Urresti aseveró que "el Gobierno vive en un mundo paralelo" y dijo que la medida era dirigida a todos: "No están llegando las políticas públicas de las que habla el Gobierno. Acá hablamos de universalidad porque afecta a todos la crisis".
Jaime Quintana, del Partido por la Democracia de Chile, aseguró que el Ejecutivo tiene más de 100 días "sin establecer una regla de protección que responda a la magnitud de la crisis". "Estamos hablando de 20.000 millones de dólares si se retira todo el 10% de los fondos. La pregunta es si deben estar esos dineros en manos de los afiliados o en el mercado financiero", agregó.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó el proyecto como "malo". "Esta reforma abre una puerta que no se cierra y además eroga gasto fiscal por 6.000 millones de dólares que se cargan a futuro".
En Chile el sistema de las AFP es privado. Bajo este mecanismo, instaurado en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet, los chilenos deben aportar 10 % del salario a las compañías que manejan sus fondos, bajo la promesa de hacerlos crecer mediante diversos instrumentos financieros. En teoría, al momento finalizar la vida laboral, los jubilados del país sudamericano deberían percibir el 70 % de su sueldo en concepto de pensiones, lo que no siempre ocurre.