x
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, indicó que la Procuraduría General de la República tiene el interés de motivar una ley para la protección de las víctimas, refiriéndose a la persecución penal durante su gestión.
Asimismo dijo, que el año pasado el Ministerio Público se enfocó en analizar dos importantes propuestas legislativas, para buscar un impacto trascendental en la institución a corto y mediano plazo.
Una de ellas es la ley del Ministerio de Justicia, considerando que es vital para clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público.
Esto al ser el órgano que dirige la política criminal del Estado, separándolo de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, las cuales son propias del Poder Ejecutivo.
“A partir de la Ley 485 del año 64 se transfirieron a la Procuraduría las funciones que correspondían a la otrora Secretaría de Estado de Justicia. Esto significó una gran carga institucional que afectó la dirección de las funciones que sí son propias del órgano persecutor”.
La magistrada se expresó durante su rendición de cuentas del año 2022.
La procuradora aseguró que no es una tarea sencilla desmontar estructuras que han permanecido por décadas y moldeado el ejercicio.
"Pero el nuevo camino que ahora hemos de recorrer será uno que nos va a permitir hacer frente de manera óptima a los desafíos que conlleva la resolución de conflictos y persecución del crimen, además de reforzar la autonomía e independencia que nos reconoce la constitución y la ley orgánica”, explicó.
Asimismo, habló de la importancia de la ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio.
“Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa, en ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia”. expresó.
Indicó además que, durante su administración, se “ha dado especial relevancia a protección de las víctimas y testigos”.
“Se ha brindado asistencia focalizada en al menos, 1,300 casos”, resaltó.
Tras referirse a esta iniciativa, la funcionaria señaló que, con el fin de mejorar el servicio en las unidades de violencia de género, están siendo remozadas 23 unidades a nivel nacional.
“Algunas ya remozadas como es el caso de la Unidad de la Rómulo, en el Distrito Nacional, y la conocida popularmente como La Puerto Rico, en la provincia Santo Domingo”.
Por otro lado, se refirió a los casos recientes de violencia policial.
“En ninguna circunstancia la actuación policial puede estar al margen del debido proceso ni del Estado de Derecho".
Explicando que debe caer todo el peso de la ley sobre quien haciendo un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, atente contra la dignidad y la vida de las personas.
Agregó que, además de las críticas que recibe la entidad que dirige, no han caído en el populismo a la hora de presentar procesos judiciales, además de que la justicia “tiene sus reglas y sus tiempos”.
“Hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos,”, expresó la magistrada.