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Washington (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Ayacucho.
“Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”
Aseguró el organismo, con sede en Washington, en un extenso informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Además, añadió que la violencia en la localidad debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial”. Y consideró que la situación podría ser considerada como “una masacre”.
Ayacucho fue escenario el pasado diciembre de una mortal protesta en la que varios manifestantes trataron de tomar el aeropuerto. Lo que provocó que militares abrieran fuego contra ellos, según puede verse en numerosos videos difundidos en redes sociales. Ocho personas murieron y 26 fueron heridas.
El organismo se refirió también a los sucesos de Juliaca, donde 17 manifestantes murieron el pasado enero en enfrentamientos con la Policía.
“En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”, aseguró la CIDH en su informe.
El organismo detalló una serie de acciones que, a su entender, deberían tomar las autoridades para superar la crisis en el país. Siendo la primera el diálogo con las partes afectadas, y en especial con los grupos indígenas, que reclaman una mayor participación política.
Además, hizo un llamamiento a mejorar los protocolos de seguridad ciudadana para evitar futuros casos de uso excesivo de la fuerza.
Y abogó por luchar contra la impunidad, impulsando las capacidades del Ministerio Público, incrementando sus recursos.
Por último, la CIDH pidió al Gobierno abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial.