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El secretario Jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, declaró este viernes que le sorprende el hecho de que habiendo tantas bancas ilegales en República Dominicana, se quiera resaltar las que son propiedad de Luis Alberto Tejeda, candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este por esa organización.
Sin embargo, durante una entrevista en el programa "El Rumbo de la Mañana", del grupo RCC Media, el líder opositor afirmó que cualquier persona que opere un negocio debe cumplir con todas las disposiciones legales establecidas en el ordenamiento jurídico.
El también miembro del Comité Político señaló que existe una gran cantidad de bancas ilegales operando en el país, y considera importante investigar y sancionar a todos los empresarios que no cumplan con los requisitos legales y no estén al día con el pago de impuestos.
Estas declaraciones de Dantés fueron en respuesta a un reportaje que reveló que numerosas bancas de loterías no están cumpliendo con los requisitos legales establecidos por la ley.
Destacó que en República Dominicana existe una cantidad excesiva de bancas de loterías, muchas de las cuales no cumplen con los requisitos legales, como la distancia mínima entre ellas, el registro adecuado y el pago de impuestos correspondientes.
Sin embargo, el secretario Jurídico resaltó que resulta llamativo que se haga énfasis en las bancas de lotería pertenecientes a un candidato del PLD, cuando es de conocimiento público que varios políticos tienen negocios similares. Incluso, mencionó que muchos de los congresistas actuales están siendo imputados en casos graves.
Ante esta situación, José Dantés enfatizó la importancia de abordar el tema de las bancas ilegales de lotería en su totalidad, sin enfocarse únicamente en casos selectivos. Hizo hincapié en la necesidad de una investigación exhaustiva y de aplicar sanciones correspondientes a todos aquellos que estén operando al margen de la ley.
La problemática de las bancas de lotería ilegales y la falta de cumplimiento de los requisitos legales es un asunto que requiere la atención y el compromiso de las autoridades competentes, así como de la sociedad en general, para garantizar un ambiente de negocios justo y regulado en beneficio de todos los ciudadanos de República Dominicana.