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Durante el período legislativo comprendido del 16 de agosto de 2022 al 16 de agosto de 2023, el Poder Ejecutivo promulgó 10 préstamos aprobados en el Congreso Nacional que totalizan la suma de US$ 1,579,831,971.22 y que fueron utilizados para distintas obras y programas del Gobierno.
Según la memoria de gestión de la Cámara de Diputados, que registra los préstamos estudiados y aprobados en ese órgano legislativo, los contratos buscan afianzar políticas de desarrollo, fortalecer el sector eléctrico, impulsar la producción agropecuaria y rehabilitar la infraestructura vial en el país.
El primer préstamo se promulgó el 29 de septiembre del 2022. En el convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Gobierno tomó prestados US$ 350 millones para utilizarse en el programa de operaciones de políticas de desarrollo.
El siguiente se promulgó el mismo día y busca, con 250 millones de dólares prestados, reconocer las medidas cumplidas en la matriz del programa para la eficacia del sector eléctrico. El endeudamiento se pactó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un mes y medio después, el Poder Ejecutivo promulgó el contrato de préstamo por US$ 39 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. El Gobierno, en una carta enviada al Congreso, detalló que el dinero se usaría para financiar la implementación del Programa de Eficiencia Energética de la República Dominicana.
Posteriormente, el 11 de noviembre del 2022 se promulgó un convenio por US$ 400 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para pagar políticas de desarrollo para la reforma eléctrica para el crecimiento sostenible.
Otro préstamo que salió del Congreso y que promulgó el Poder Ejecutivo, suma los US$ 60 millones que se tomaron al Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar un proyecto de fortalecimiento para el sector agropecuario con enfoque tecnológico y sostenible. El empréstito se promulgó el 1 de diciembre del 2022.
El Banco Interamericano de Desarrollo siguió prestando recursos a la República Dominicana como lo evidencia un préstamo con la entidad por US$ 140 millones que se promulgó el 23 de diciembre. Según el proyecto que estudiaron los legisladores, el dinero busca pagar el programa de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial en el país.
En lo que corresponde a este año, específicamente el 9 de marzo, el Poder Ejecutivo obtuvo US$100 millones para respaldar un programa de apoyo al sistema de protección social inclusivo, un proyecto cuyos recursos manejará la dirección general de Supérate. El endeudamiento se tomó con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Ese mismo día se hizo formal la promulgación de un contrato en el que se toman prestados RD$ 60,000,000 al BID para instaurar un programa de apoyo a la agencia de transparencia e integridad en la República Dominica. El contrato se criticó mientras se debatía en la Cámara de Diputados bajo alegatos de que el objetivo del préstamo creaba confusión.
El 22 de mayo, el Gobierno promulgó otro contrato por US$ 168,481,971.00 para suministrar bienes para el proyecto de la fase dos de la cañada de Guajimía. Mientras que el 5 de junio, se acogieron US$ 12,350,000 para el proyecto de inclusión productiva y resiliencia de los jóvenes rurales.
El mismo informe del Congreso explica que, en totalidad, se promulgaron 35 leyes estudiadas en el Congreso, así como 21 resoluciones sobre acuerdos, una resolución sobre fideicomiso, una resolución sobre estado de emergencia y una resolución acerca de designación de funcionarios.