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SANTO DOMINGO.- La defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante, solicitó al presidente Luis Abinader ponderar la conveniencia de someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que prohíba y penalice con multa y prisión los actos de venta, arrendamiento, hipoteca o cualquier otra forma de negocio con las viviendas adjudicadas por el Estado a familias necesitadas.
Planteó que esa penalización debe imponerse tanto a los beneficiarios de los inmuebles como a los terceros que realicen esos negocios.
“No es justo que del presupuesto nacional, alimentado a su vez con los impuestos que pagamos todos los dominicanos, se construyan grandes proyectos habitacionales para beneficio de la población más empobrecida, resultando al final en fraudes contra el Estado y el pueblo mismo, debido a la práctica de muchos adjudicatarios de realizar los negocios arriba señalados, para luego volver a las márgenes de los ríos, arroyos y cañadas, creando y manteniendo grandes cinturones urbanos de miseria”, señaló Martínez Guante.
La Defensora del Pueblo hizo la propuesta en una carta que envió al presidente Luis Abinader, de fecha 31 de agosto, en la cual anexa una propuesta del proyecto de ley que sugiere al mandatario.