El abogado especialista en informática Juan Medina aclaró que los ataques cibernéticos a la dirección Nacional de Migración no fue a su página web, sino a las plataformas y servidores de la institución.

"No fue la página que fue atacada sino la plataforma y los servidores de la institución", declaró el también abogado.

En declaraciones al programa El Sol de los Sábados del Grupo RCC Media, que se transmite los sábados de 8:00 a 10:00 de la mañana por Zol 106.5 FM., Medina precisó que lo ocurrido en Migración fue un tipo de ataque al que nadie está exento, ya que vienen maquillado a través de sistemas difícil de detectar.

"Fue un tipo de ataque a través de un software malicioso que inscripta los archivos que infectó para luego pedir un rescate de los archivos que infectó", explicó el especialista en informática.

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Reveló que en el caso del hackeo a Migración, solicitaron el pago de 25 Bitcoin para poder liberarlos cifra ascendente a 26 millones de pesos.

Explicó que los mafiosos utilizan diferentes tácticas para aplicar el ataque como contactar a un usuario vía correo electrónico maquillado y dan ciertos pasos a seguir, luego de descargar el archivo el virus se incrusta en los dispositivos y se propaga a los demás.

Agrego que la infección se propaga a través de las redes.

"Se mantienen ocultos, latentes ahí hasta que ejecuta el bloqueo completo de todos los archivos", explicó el experto en informática.

El modo del hackeo

Indicó que ese fue el modelo utilizado en la plataforma de la Dirección General de Migración, alegando que ya se han ido liberando los archivos y se han encontrado documentos de la institución, así como documentos de personas que trabajan en ese organismo.

Explicó que quienes se dedican a está acción lo hacen con la intención de extorsionar a las instituciones.

Recomendó a las personas afectadas a no intentar acceder a la base de sus datos, debido a que fueron liberados a razón de que nadie los quiso comprar o pagar por ellos.

Precisó que lo correcto sería activar las notificaciones que tienen los correo electrónico hasta que concluya la investigación de parte del Estado.

Concluyó indicando que dicha acción está tipificada como terrorismo contra el Estado por la ley 53-07.