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La Comisión que estudia el proyecto para la creación del Ministerio de Justicia da los toques finales al informe de la pieza que entre sus novedades contempla la posibilidad de que las cárceles del país sean operadas por el nuevo órgano judicial, de manera que la Procuraduría General de la República se enfoque en la persecución de los delitos.
A siete meses de que el poder ejecutivo sometiera el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, ahora es cuando la comisión se presta a concluir el estudio la pieza.
Alexis Jiménez, quien lidera la comisión de Justicia, no especificó una fecha en la que estaría listo el informe, pero vaticinó que podrían presentarlo antes de que finalice la actual legislatura congresual, el próximo 12 de enero del 2024.
Además de quitar a la procuraduría la potestad de administrar las cárceles, otro de los aspectos que contempla la normativa es que, en caso de arbitrio o conflicto internacional, el Ministerio de Justicia es quien deberá representar al Estado.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó el pasado mes de mayo en la Cámara de Diputados, este proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema de justicia.
Desde que se anunció esta propuesta de ley, en el congreso nacional se generaron inquietudes en distintos sectores que consideran innecesario la creación de este ministerio.
El Segundo Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 20 años de prisión a dos hombres que, a fuerza de pistolas, cometieron robo con violencia en contra de dos ciudadanos que se encontraban reunidos en unos terrenos del residencial Valle Universitario de La Barranquita, informó este miércoles el Ministerio Público.
Según una nota de prensa, las condenas fueron colocadas contra Edison Alberto Rosario Peña y Luis Alberto Polanco Minaya, quienes llegaron a bordo de una motocicleta y protagonizaron una balacera para sembrar el terror en sus víctimas, Melvin José Reyes Arias y Jennifer Tejada Sánchez, a quienes despojaron de dos celulares, $35,000 pesos, las llaves de un vehículo y de una residencia, mientras los amenazaban, intimidaban y constreñían para que entregaran lo que poseían.
En su narración sobre los hechos atribuidos a los hoy condenados, la fiscal litigante Luisa García, planteó al tribunal que éstos debían recibir una pena ejemplarizadora, en tanto que su puesta en libertad constituiría un grave peligro para la seguridad de las víctimas y de otros ciudadanos.