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El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, calificó de abusivo e inconstitucional que director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, haya incautado el edificio donde funciona la Comisión Nacional Electoral del gremio, por lo que informó que por dicha acción será sometido a la Justicia.
Desde el 2 de diciembre, cuando realizaron las elecciones del gremio de los abogados, permanecen agentes policiales, quienes tienen el control de ingreso, manipulación y operación del mobiliario y los archivos de la entidad, esto tras disturbios luego de las elecciones.
Surun Hernández, aseguró que la ocupación policial se ejecutó fuera del margen de la ley, ya que aseguró no presentaron orden judicial.
"Tan sólo con el propósito de tomar por la fuerza los bienes y propiedades de uno de los más importantes gremios del país, por sus posiciones críticas al Gobierno central", sostuvo.
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"Lamentamos que estemos viviendo uno de los capítulos más repudiables en toda la historia institucional de la República Dominicana, donde el Estado de derecho sea inexistente, que permita al gobierno usar los aparatos represivos como la Policía Nacional, para asaltar los gremios profesionales en desconocimiento de la libertad de asociación, del derecho a la propiedad, del derecho a domicilio, a la autodeterminación y la soberanía de los gremios profesionales", manifestó.
El gremialista denunció que el Gobierno recurrió al soborno.
"Los cientos de millones de pesos invertidos por el gobierno para torcer la voluntad popular no fueron suficientes, por lo que ha recurrido al soborno, a mecanismos de chantajes y amenazas a funcionarios públicos y por último asalto del cuerpo del orden, que ha actuado por órdenes superiores, cosa que no veíamos desde la dictadura", dijo Miguel Surun Hernández.
El jurista agregó que espera que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplique justicia, ordenando la devolución del edificio, el mobiliario y los archivos propiedad del Colegio de Abogados, que a su juicio fueron tomados para realizar todo tipo de alteraciones, bellaquerías y abusos contra una institución que es clave para la administración de justicia, para la democracia dominicana.