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Luego de haber considerado como "un paso de avance para la Republica Dominicana" la nueva ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) , El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, cambia de postura y ahora también se adhiere a los sectores que tildan la pieza como inconstitucional.
La controversial normativa que ha encendido la llama de rechazo en la mayoría de los actores de la sociedad dominicana, a juicios de la entidad debe reformarse de inmediato, aunque anteriormente se pronuncio a favor de la misma.
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Argumentan que la ley no tienen la facultad constitucional de exigir información de personas físicas o jurídicas, sin obtener previamente autorización de un juez, a través del Ministerio Público. De hacerlo estarían violentando el derecho fundamental a la intimidad, por lo que cualquier interpretación o acción contraria sería inconstitucional.
Entienden que debe corregirse la ambigüedad en la mayoría de sus artículos, ya que no debe dejar espacio para interpretaciones, en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes.
Agregan mediante un comunicado que además del articulo 11 de la normativa, deben revisarse el artículo 26 sobre sanciones penales, para dejar claro que las sanciones no aplican si no se ha cumplido con la obligación de obtener autorización judicial previa, o el artículo 30, en la misma dirección.
Califican como una un aspecto positivo el tema de la Ley No. 1-24, es que ha servido para probar las alarmas que protegen nuestros derechos fundamentales. Esas alarmas han sonado en forma dura y clara.